Donostia. A día de hoy no existe ningún informe oficial que recoja una radiografía exacta de las víctimas de la violencia de grupos de extrema derecha, fuerzas parapoliciales y policiales que tenga relación directa con el conflicto vasco. Los escasos intentos que ha habido en el Parlamento vasco para realizar un estudio de estas características se han visto frustrados por la gran división que suscita esta cuestión entre las formaciones políticas. Pese a las dificultades, el Gobierno vasco se ha propuesto avanzar en este camino y, aunque en una fase "muy incipiente", ha realizado ya las primeras gestiones para elaborar una fotografía exhaustiva de este colectivo de víctimas.
Según ha podido saber DEIA, responsables de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo están recopilando información para realizar un informe "riguroso" con un listado completo de estas otras víctimas de la violencia política, las circunstancias en las que fallecieron o fueron heridas, los procesos judiciales contra sus agresores -en muchos casos desconocidos- y el cumplimiento de condena, si la hay, así como su situación personal y la de sus familiares respecto al pago de posibles indemnizaciones y cumplimiento de otros derechos que les corresponden por su condición de víctimas. Desde la Dirección del Gobierno vasco afirman que se están encontrando con "muchas dificultades" para obtener datos precisos, fundamentalmente porque gran parte de la información proviene de fuentes policiales y judiciales estatales: "no es fácil que en este momento colaboren con nosotros; nos está costando, pero seguimos haciendo gestiones". De ahí que desde el Ejecutivo autónomo están trabajando con discreción para no generar falsas expectativas.
primer informe Además de las citadas instancias policiales y judiciales, los responsables de la Oficina de Atención a las Víctimas han recurrido como fuente documental al trabajo de algunas personas que llevan años investigando la violencia relacionada con el conflicto vasco, como el libro Un mapa (inacabado) del sufrimiento, de Sabino Ormazabal.
Aunque los informes y fuentes son diversas, la principal referencia del Gobierno vasco es el acuerdo de la ponencia constituida en el seno de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco para estudiar la situación de "todas las víctimas de la violencia generada en nuestro país", aprobado, tras 19 meses de reflexión, el 16 de noviembre de 2000. Este informe-análisis es la "primera reflexión en profundidad" -otros documentos posteriores están dirigidos específicamente a las víctimas de ETA- que se realiza en la Cámara vasca y que pretende ser una "aportación basada en los datos que se ha ido recogiendo, que contribuyan a lo que pueden ser futuros trabajos y decisiones tanto de esta Comisión parlamentaria como de otras instancias, que se alejen de las limitaciones y condicionantes meramente políticos y partidistas", recoge el preámbulo del informe.
Eso es lo que pretende hacer el Gobierno vasco, partiendo de los datos oficiales de la Cámara vasca. Información que no fue nada fácil poner en común entre las fuerzas políticas, ya que, como dice Ormazabal en su libro, "no hay fuente fiable, solvente, creíble que satisfaga a todo el mundo". Por eso, añade, "hay una guerra de cifras".
Según el informe de la Ponencia de Víctimas aprobado en el año 2000, son 830 las víctimas de ETA, mientras que cifra en 339 las víctimas de grupos militares armados y autores desconocidos.
Aunque son datos sin actualizar, concretamente se cifra en 44 las personas muertas a manos de las fuerzas parapoliciales, en 27 en atentados perpetrados por los GAL y otro asesinato por un activista de extrema derecha en el año 1989. El informe señala que a partir de este año "no ha vuelto a haber muertos entre los grupos de la izquierda independentista por acciones parapoliciales", salvo algún caso sin esclarecer. Las muertes por acciones policiales tras enfrentamientos entre los años 1968 y 1982 las cifra en un total de 120.
víctimas excluidas El informe del Parlamento vasco tiene en cuenta a los fallecidos en enfrentamientos con la policía. Sin embargo, los responsables de la Oficina de Atención a las Víctimas excluyen a estos últimos de su estudio, al no ser reconocidos como víctimas del terrorismo por la legislación vigente. La Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo considera víctimas a aquellas que han sufrido "actos de terrorismo o de hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas o grupos armados o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana".
La nueva Ley del Gobierno vasco, todavía en tramitación, hace referencia expresa además de a las de ETA, a las víctimas de los GAL y de los grupos de extrema derecha, pero tampoco tiene en cuenta las víctimas de la violencia policial.
"Nuestro ámbito de estudio son aquellas víctimas de acciones terroristas susceptibles de ser reconocidas como tales con la legislación vigente, lo que no podemos hacer es valorar la situación de aquellas personas que hoy por hoy, mientras no se modifique la definición que recoge la Ley, no van a ser reconocidas como víctimas del terrorismo", explican desde la Oficina de Atención a las Víctimas.
Respecto a los plazos, la Dirección de Víctimas no se ha fijado ninguna fecha concreta. "Trataremos de hacerlo cuanto antes, si el Parlamento nos pide que lo tengamos antes de que concluya 2007, lo haremos. La idea es no fijarnos en criterios de oportunidad política", explican.
Una vez elaborado el citado informe, el siguiente paso sería tratar de establecer "un contacto directo con las víctimas". Se trataría de poner en práctica la misma dinámica que los responsables de la Oficina de Atención a las Víctimas han llevado a cabo con el colectivo de víctimas de ETA. Este paso supone un salto importante y muy delicado, ya que durante largos años las víctimas de la violencia del Estado se han sentido olvidadas. Muestra de ello es la afirmación que desde el Ejecutivo vasco hacen: "Tenemos la sospecha de que puede haber víctimas de este colectivo que no están disfrutando de los derechos que les corresponden de acuerdo con la legislación vigente". Circunstancia que ahora tratarán de corregir. |
