J OSÉ Rodríguez Salvador, conocido como el violador del Vall d'Hebrón, sale hoy de la cárcel tras cumplir 16 de los 311 años de condena que le impusieron en 1994 por violar a casi una veintena de mujeres. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha intentado, hasta en tres ocasiones, que al preso se le aplique la doctrina Parot, por la que los beneficios penitenciarios se le aplicarían por el total de la pena, hecho que conseguiría alargar su estancia en prisión por un tiempo indeterminado. El objetivo final de los movimientos del fiscal perseguía evitar que José saliera hoy a la calle. Pero no ha podido ser. La negativa de la Audiencia ha sido firme en atención a los derechos del penado. A partir de ahora, en la pequeña localidad catalana se van a vivir momentos duros entre las víctimas del violador, y reacciones vecinales viscerales que podrían escapar del control de las autoridades. El caso es difícil de abordar porque presenta muchas y variadas vertientes. La ley está para cumplirla. Y si el preso ha cumplido la condena debe ser excarcelado. Sin embargo, hay cerca de veinte mujeres que han sufrido graves vejaciones infligidas por este individuo y que pueden volver a encontrárselo en cualquiera de las calles del municipio. Los informes penitenciarios dicen que el reo no ha mostrado arrepentimiento ni está rehabilitado, otro peligro real que no va a ser fácil de supervisar por la policía por mucho que las autoridades judiciales insistan en la necesidad de hacer un estrecho seguimiento a José Rodríguez, calificado por el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, como "vigilancia no invasiva". El presidente francés Nicolas Sarkozy abrió hace escasas fechas el debate de la posible castración química para los condenados por violación. Y ese debate llega al Estado en forma de violador condenado y puesto en libertad. Ahora, el problema está en la calle. Y colectivos de mujeres como la Asociación Dones en Xarxa ya han pedido que a José Rodríguez se le ponga una pulsera electrónica con la que mantener vigilados sus movimientos, medida ésta que difícilmente evitaría una nueva violación. Al final de la cadena de razonamientos siempre estará en este caso la reincidencia. Si José Rodríguez vuelve a violar a otra mujer -algo que por descontado nadie quiere-, el sistema de garantías, tanto judiciales como policiales, habrá fracasado. Y habrá llegado el momento de revisar desde los protocolos penitenciarios, la aplicación de las condenas y todas aquellas leyes relacionadas con este tipo de asuntos. El pánico de las víctimas, de miles de familias que van a ver alterada su vida por la presencia de un individuo que ha violado a veinte mujeres, es real. Las autoridades deben tener en cuenta esta realidad, sobre todo para articular las medidas necesarias para ser capaces, entre todos, de evitar el dolor.