bilbao. "Me entró la duda. Le había pagado, nos habíamos ido, habíamos tramitado los papeles, pero agarré y la llamé al despacho. Marqué su número unas seis o siete veces y la secretaria nunca cogió el teléfono. Probé a llamarla con el número oculto y entonces sí me respondió. Ella era la abogada, ella era la que sabía de estos asuntos, por eso me confié. Necesitaba los papeles para trabajar", declaró ayer Sugey Arroyo, una de los 127 afectados por una supuesta estafa continuada. La imputada, la letrada Pilar Jiménez Gayubo, prometía los papeles a los inmigrantes a pesar de que en ese momento, a finales de 2003 y principios de 2004, el Gobierno español no había abierto un proceso de regularización, por lo que sus trámites estaban abocados al fracaso, denunció SOS Racismo, que ejerce de acusación particular.
Arroyo se desplazó desde Iruñea hasta Bilbao para pedir, simplemente, una solicitud de permiso de trabajo y una excedencia del visado al Ministerio de Trabajo y a la Policía Nacional, que le fueron denegadas. A Jiménez le pagó 600 euros, que tuvo que pedir prestados, y se dejó otros 200 en gastos. "No sabía que estaba haciendo mal, que fuera una situación ilegal, pero ella nos dijo que en Bilbao estaban admitiendo los documentos a pesar de que en Pamplona la cosa no era así", explicó fuera de la sala después de que los magistrados intentaran averiguar por qué se había confiado. "Es que necesitaba los papeles para trabajar", se justificó. Y creyó a la letrada.
Con otros tres inmigrantes cogió desde Iruñea un taxi a las cuatro de la madrugada. Jiménez les citó en la capital vizcaina a las 5.30 horas y cuando llegaron a las puertas de la Seguridad Social, se encontraron con una "gran cola". Eran otros inmigrantes que, como ellos, habían acudido al despacho de Jiménez. El circo estaba en marcha.
Según los siete testigos que narraron ayer sus experiencias a lo largo de más de cinco horas de declaraciones, la letrada se citaba con ellos por teléfono, les daba las indicaciones pertinentes para llegar a su despacho o al edificio público pertinente. El hermano de la acusada recogía en coche a algunos; una secretaria acompañaba a otros. A veces, unos 50 inmigrantes aguardaban en la cola; "en el despacho había más". Y ellos, seguían "confiando en ella".
En comisaría, "los policías la saludaban y la llamaban por su nombre", añade Arroyo, lo que acrecentó todavía más ese sentimiento hacia ella. "Todos la conocían".
reacción violenta Pero la letrada les apremiaba demasiado: "Firma aquí, deprisa, deprisa, no hace falta que lo leas, nos decía", recuerda Ismael Sebastián Anglade. En la solicitud de Arroyo escribió su nombre "con tachones, por eso dudé". Otros desconfiaron antes. "Nos dio un papel con un sello de Correos y nos dijo: ya podéis trabajar", declaró Yomar Espinoza. "Yo le dije que eso no servía de nada, que sólo era un sello de Correos. Ella se puso nerviosa, incluso agresiva y grosera con mi marido y conmigo, y exigió que le pagáramos los 250 euros que restaban de los 600. Estábamos con nuestro bebé, y cerca aguardaba su hermano. Decidimos decirle que sí, que íbamos a bajar al cajero automático y le entregaríamos el dinero. Teníamos miedo, íbamos con el niño. Pero no regresamos". La letrada les llamó dos veces "exigiendo" el dinero y amenazándoles con "acudir a la Policía" para expulsarles del país.
Hasta ese momento habían pagado 350 euros cada uno. "Le dimos en mano 150 y luego le ingresamos 200 en una cuenta a nombre de su madre. Ella está jubilada y paga menos impuestos, nos dijo".
Los inmigrantes declararon también que durante el proceso de regularización que se abrió en 2004, en el que legalizaron su situación, tuvieron "muchos problemas" porque la letrada había introducido direcciones falsas de ellos en las bases de datos de la administración. |
