 |
|
|
|
Marcado de territorios
|
|
|
Robert Pastor
|
|
como los cánidos y otros mamíferos, instituciones y colectivos españoles continúan marcando territorios, reconocidos como propios, o invadiendo ajenos. Gobierno y Poder Judicial colaboran en el vedado de cualquier referencia a la familia real. Al episodio grotesco de la no presentación del fiscal en el caso contra Ripa, Josetxu y Lococo en la Audiencia Nacional, anterior al de El Jueves, se suma la denuncia de un ataque más grave, entendido como tal la quema de la foto cabeza debajo de los reyes en Girona.
El menosprecio por resentimiento en el Principat a los Borbones es ancestral, empezando por Felipe V en 1714. Sus retratos se colgaban cabeza abajo en instituciones y entidades públicas. Y quien iba al excusado decía "vaig a Can Felip" (a casa de Felipe). Otra: los medios españoles se obstinaron en calificar de independentistas a los autores de la quema. Seguramente lo eran, pero no lo manifestaban, sólo rechazaban a gritos y en pancarta a los reyes. ¿No se atrevieron a aplicarles la definición más evidente, antimonárquicos?
Parecería que el empeño generalizado en estos asuntos a quien menos favorece es los actuales monarcas y a la institución misma. El oscurantismo o la protección desmedida crean rechazo. Algún comentarista ha aventurado que ese es el efecto que se persigue desde la ultraderecha española, que siempre ha sido alérgica a las coronas. Un contertulio en la radio que la jurisprudencia del Supremo de los Estados Unidos no reconoce como delito la quema de la bandera. Quizás por eso la izan tantos norteamericanos en cualquier lugar.
El gobierno del Estado continúa asumiendo por la vía de hecho competencias estatutarias de lo que llama "comunidades". Sobre todo, últimamente, en un ámbito de tanto interés popular como los servicios sociales. Primero fue la ayuda a los inválidos en la Ley de Dependencia; después, los 2.500 euros por niño nacido; la última, la ayuda que ha decidido otorgar la ministra Carme Chacón, y que anunciaba solemnemente junto a ZP en persona, a los jóvenes de hasta 30 años y con contrato de trabajo para alquilar un piso.
Para más inri, la medida ya estaba en vigor, y en diversas autonomías se vienen dando 240 euros por ese concepto, en lugar de los 210 del ministerio. Lo que pasa, decía otro analista, "es que no se aplicaba en la comunidad de Madrid". Cuánta razón tienen quienes dicen que la catalanidad de ministros o vicepresidentes (caso de doña Carmen) nunca ha servido para beneficio de los intereses catalanes. Mientras, el vicepresidente Solbes, que no ejerce de valenciano pero lo es, se tira de los cabellos que le quedan a la vista de las cuentas y de tanta alegría gastadora en la precampaña y gruñe por lo bajo.
Pero no son sólo las instituciones y los poderes públicos quienes mantienen esos usos y procedimientos. Aun no hace tanto, los funcionarios de una agencia estatal se movilizaron y llegaron a los tribunales contra el traslado del organismo a Barcelona. El sindicato de maquinistas de la Renfe, que ya había convocado huelgas consecutivas contra el traspaso de los trenes de cercanías a la Generalitat, ha forzado reuniones con los dos gobiernos para tratar sobre el asunto.
Esa auténtica demostración de talante es a la vez genial representación de teatro del absurdo, porque el presidente Montilla y el conseller del ramo, Nadal, ya se han cansado de decir, contra otras opiniones, que recibida la transferencia será la empresa española la adjudicataria, sin concurso previo alguno, de la gestión de las redes. Por si la protesta era poco surrealista, ha escaldado más peldaños con la adhesión de los sindicatos de Adif, otra empresa pública, encargada de las infraestructuras férreas (las vías, catenarias y demás elementos que acostumbran a fallar más que escopetas de feria), elementos cuyo traspaso no se contemplan, ni en el Estatut, ni siquiera por parte del govern. Y así va la cosa.
El gobierno del Estado asume, por la vía de hecho, competencias estatutarias de 'comunidades'
-
La catalanidad de ministros o vicepresidentes nunca ha servido para el beneficio de los intereses catalanes |
|
|
|
|
|
|
