Gasteiz. Un número, 7,9, definió aquel 15 de agosto la virulencia de la devastación que asoló la costa peruana. La magnitud de aquel terremoto, cuantificado con el referido registro en la escala Richter, acabó con la vida de más de medio millar de personas y desbarató en unos segundos esperanzas e ilusiones, amén de cercenar cualquier atisbo de civilización en ciudades como Ica, Pisco y Chincha, en las que se derrumbaron, con la facilidad con la que lo harían castillos de naipes, alrededor de 35.000 viviendas en una catástrofe humanitaria de grado sumo.
Así lo atestiguan las imágenes y los testimonios de los supervivientes y damnificados, muchos de ellos, íntimamente relacionados con Euskadi debido a las circunstancias de la inmigración, que han enlazado definitivamente aquellos lares con varios puertos pesqueros vizcainos y guipuzcoanos -Bermeo, Ondarroa, Lekeitio e Irun-, que acogen desde hace años a una nutrida colonia de peruanos que con orígenes en la zona directamente sacudida por seísmo y que se ganan la vida en barcos y pesquerías. Es por ello que el Gobierno vasco, y en su nombre la Dirección de Inmigración del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, se ha puesto en contacto con el Gobierno español para solicitarle un trato preferente y una interpretación legislativa adecuada, ya contemplada en la Ley de Extranjería (y con precedentes tras recientes catástrofes en América Latina), para encauzar bajo criterios humanitarios la llegada de nacionales de aquel Estado andino y la reagrupación de las familias peruanas residentes en los tres territorios históricos -Lakua ha recibido un centenar de peticiones al respecto- y que tienen a miembros afectados por la tragedia en Perú.
Tramite de urgencia La solicitud, realizada a través de una misiva dirigida por José Roberto Marro, director de Inmigración del Ejecutivo autonómico, a Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, sugiere la imposición de medidas como la concesión de autorizaciones de residencia temporal a aquellos peruanos que se encuentran en el Estado español desde antes del 16 de agosto, fecha del seísmo, y que no han logrado regularizar su situación. También propone un trato preferente a familiares mayores de edad víctimas del terremoto de peruanos residentes en España o a hijos de residentes. |
