Madrid. El Gobierno español estudia la creación de un órgano central de seguimiento de delincuentes sexuales, según dijo ayer en el Senado el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, quien se mostró partidario de extender los plazos de libertad vigilada y de tratamiento terapéutico para estas personas.
Así lo indicó Fernández Bermejo ante el Pleno del Senado en respuesta a una pregunta de Agustín Conde, del Partido Popular, sobre si el Gobierno tiene previsto introducir alguna modificación legislativa para evitar que los presos que hayan cometido delitos sexuales y no se han rehabilitado sean puestos en libertad.
La pregunta parlamentaria se refería a casos como el de José Rodríguez Salvador, el llamado violador de la Vall d'Hebron, que salió el pasado día 22 de septiembre de la cárcel tras cumplir 16 de los 311 años que se le impusieron por 16 agresiones sexuales al beneficiarse de varias redenciones de condena, sin que los psicólogos de la prisión Quatre Camins de La Roca del Vallés (Barcelona) lo consideren rehabilitado.
El titular de Justicia explicó que un equipo multidisciplinar de su Ministerio estudia qué se puede hacer con el delincuente sexual porque "no está claro".
Fernández Bermejo manifestó que "nosotros no lo tenemos tan claro como los franceses que llaman ahora castración sexual al tratamiento químico que se utiliza en España y en todas partes desde hace mucho tiempo sin resultados positivos", y agregó que no están contentos con el resultado del tratamiento psicológico que se aplica a estos delincuentes.
En materia de protección a las víctimas, el ministro de Justicia apuntó también la posibilidad de extender medidas previstas en la Ley de Violencia a las víctimas sexuales no incluidas en esta norma, como el teléfono de atención, así como la protección de su intimidad "a ultranza" ya que, dijo, "quizá no lo hemos conseguido del todo".
Además -añadió- hay otras medidas incluidas en el proyecto que se está tramitando en el Parlamento como el sometimiento posterior a medidas de tratamiento terapéutico y educativo hasta dos años, plazo que, opinó, debería extenderse.
También se mostró partidario de aumentar el plazo de dos años previsto de libertad vigilada y se refirió asimismo a la batería de medidas previstas en ese proyecto para retrasar la salida de prisión de este tipo de delincuentes para que puedan ser tratadas en los centros penitenciarios entre las que citó las dificultades para la suspensión de la ejecución de condena, "que prácticamente se hace imposible", y para la sustitución de penas privativas de libertad, así como para la concesión del tercer grado, ya que se exigiría el cumplimiento de la mitad de la pena, y el que la libertad condicional "prácticamente" no será posible.
El ministro Fernández Bermejo señaló por último que durante esta legislatura hay 200 presos en tratamiento. |
