eN los últimos meses, se viene produciendo en el Estado español un pequeño y caótico revuelo que puede hacer albergar la -aún mínima- esperanza de que se abra un debate real y con todas las garantías sobre la figura y el papel de la Monarquía en una democracia. Diversos hechos relacionados con la familia real española que se han ido sucediendo en estos meses han ido alimentando esta incipiente contienda de pareceres que algunos especialistas en teorías de la conspiración ya sitúan en una estrategia o campaña extremista contra Juan Carlos de Borbón, la familia real o incluso -para mayor escándalo, si cabe- "contra la unidad de España". Es cierto que algunos sectores extremistas están aprovechando la situación para realizar acciones llamativas, escasamente cívicas e irrespetuosas como la quema de fotografías de los reyes. Actos que, en contra de lo que pudiera parecer, son contraproducentes y no aportan absolutamente nada al debate más allá de su carácter efectista. Prueba de ello es que la quema de fotos y acciones similares son curiosamente amplificadas por los medios de comunicación más promonárquicos, como prueba de la marginalidad o del carácter minoritario y violento de quienes cuestionan el actual estado de cosas. Es tal, sin embargo, la envergadura -por pequeño que aún sea, el motivo mismo del debate lo engrandece- de la polémica que el propio Borbón se vio en la obligación el lunes de lanzar el mensaje de que la Monarquía ha propiciado "el más largo periodo de estabilidad y prosperidad en democracia vividos en España". En cualquier caso, ese periodo tan positivo lo habrá propiciado la ciudadanía en su conjunto, con su trabajo y su aportación. Asimismo, la Casa Real ha salido al paso de los incidentes de la quema de fotos para asegurar que se trata de "ataques a la unidad de España", confundiendo la parte por el todo. Pero es altamente significativo que la Casa Real se arrogue papeles y actuaciones que no le corresponden, intentando cortocircuitar de raíz cualquier atisbo de debate sobre la Monarquía, sus funciones... y sus gastos. Porque ésta es otra de las cuestiones tabú en la llamada democracia española. Nadie sabe en realidad el dinero que cuesta al erario público la institución de la Monarquía y mucho menos aún si existe un mínimo control sobre estos gastos, cuestiones que el nombramiento de un interventor de la Casa Real no zanja en absoluto. Los 8,29 millones de euros (es decir, 1.380 millones de pesetas) que tiene presupuestados la Casa Real, más otros muchos gastos aparte, no son una cuestión baladí sobre la que no se pueda siquiera opinar. La familia real tiene razones para la preocupación, no ya por los actos vandálicos, las (pocas) críticas de alguna prensa o ni siquiera por la servil actitud de algunos de sus más fervientes partidarios, sino por las preguntas sin respuesta que se están planteando cada vez más ciudadanos.