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Barrena y Goirizelaia junto a dirigentes del Sinn Féin, ayer en la cárcel de Martutene. Foto: nagore iraola |
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Diez años en el camino
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La operación llevada a cabo el jueves contra Batasuna tiene su antecedente inmediato hace diez años, con el encarcelamiento de la cúpula de HB. La ofensiva judicial en su contra no le abandonaría ya nunca.
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EL descabezamiento de la cúpula de Batasuna llevado a cabo con la detención el pasado jueves de 23 personas, de las que 16 eran integrantes de la Mesa Nacional, sucede al llevado a cabo hace diez años, exactamente el 29 de noviembre de 1997, cuando el Tribunal Supremo dictó orden de prisión para la dirección de Herri Batasuna por emitir dos vídeos de ETA en sus espacios electorales en televisión. Dicha causa, que también fue iniciada por el juez Baltasar Garzón, provocó un recambio en la dirección de la izquierda abertzale, con Arnaldo Otegi aupado al cargo de coordinador de la gestora provisional de HB acompañado de Joseba Permach.
La trayectoria posterior de la izquierda abertzale, que incluye la creación de una nueva Mesa Nacional el 12 de febrero de 2000 y el nacimiento de Batasuna como tal tras el descalabro electoral de las autonómicas de mayo de 2001 -siempre con Otegi al frente-, corrió ya siempre paralela a los procesos judiciales en su contra. Esto culminó con la ilegalización de las marcas Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna el 17 de marzo de 2003 por orden del Tribunal Supremo.
El proceso ilegalizador, que contó con la batuta omnipresente de Baltasar Garzón y que vivió su último capítulo el jueves en Segura, se inició en 2002 con la incoación del sumario 35/02, en el que por primera vez se investigaba la relación de subordinación de Batasuna respecto a ETA, así como la financiación de la organización armada a través de las herriko tabernak.
El 26 de agosto de dicho año, Garzón acordó suspender por tres años sus actividades, lo que supuso la clausura de las sedes de Batasuna. La no condena del atentado cometido por ETA el 4 de agosto de 2002 contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante), en el que murieron dos personas, llevó al Congreso de los Diputados a instar por amplia mayoría al Supremo a presentar una demanda de ilegalización, lo que terminó sucediendo en marzo del año siguiente.
Ya en enero de 2005, Baltasar Garzón ordenó el procesamiento de 36 responsables de la formación por integración en ETA, entre ellos Arnaldo Otegi, Juan Mari Olano, Juan Joxe Petrikorena, Joseba Álvarez o Joseba Permach. Las últimas actuaciones en su contra se han basado en la revisión de su situación legal -libertad con medidas preventivas, en su mayoría fianzas- por reiteración delictiva.
La actual Mesa Nacional de Batasuna, compuesta por 38 miembros, fue elegida el 18 de marzo de 2006 -tan sólo cuatro días antes de que ETA declarara el alto el fuego permanente- como culminación del proceso de debate Bide Eginez. El principal objetivo de esta reorganización era encarar con garantías el proceso de negociación política que se inició inmediatamente después. En el caso de la izquierda abertzale, esta pretensión cristalizó con la creación de la Comisión Negociadora de la que formaron parte Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria y Arantza Santesteban -estos dos últimos, detenidos en la última operación policial-. Con el fracaso del proceso de paz, Batasuna iba a afrontar un nuevo proceso de renovación de su cúpula, en el que se encuadraba su encuentro del pasado jueves en Segura.
El Tribunal Supremo ilegalizó las marcas Batasuna, EH y HB el 17 de marzo de 2003
La actual Mesa Nacional fue elegida el 18 de marzo de 2006 para encarar el proceso |
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