EL Estado de Derecho va a seguir pronunciándose. Ahora toca represión a la violencia". Así valoraba ayer el diputado del PSOE Ramón Jáuregui las detenciones de dirigentes de Batasuna. Quien no comulgue con esa opción, estará además en una posición "desleal y despreciable", decía este líder socialista, refiriéndose al Gobierno vasco. De poco vale, al parecer, que durante todo el proceso de conversaciones entre el Gobierno español y ETA, los partidos que forman el Ejecutivo liderado por Juan José Ibarretxe hayan dado cobertura al intento de José Luis Rodríguez Zapatero por abrir un proceso de paz. Todo lo que no sea adhesión inquebrantable pasa, a ojos del PSOE, al terreno de la traición. Son tiempos muy delicados para los socialistas, sí, por su batalla electoral con el PP de cara a las próximas generales, pero abrir todos los frentes (contra ETA, contra Batasuna, contra el Gobierno vasco y cada uno de los partidos que lo sustentan...) puede que le proporcione un buen rédito en votos a corto plazo en el Estado español, pero acabará por destruir unos puentes que le van a ser muy necesarios, imprescindibles, para luchar contra la violencia y para sentar las bases de un hipotético futuro proceso de paz. El hecho es que el Gobierno español, o "el Estado de Derecho", en su eufemismo más al uso, ha vuelto a la misma receta de siempre: acción policial contra ETA, acción judicial contra el mundo ideológico apegado a la expresión violenta del conflicto político y rechazo a abordar las bases de éste en un proceso de diálogo como el que propone Ibarretxe. Vuelven las detenciones en masa de líderes de Batasuna, vuelven a oírse tambores de ilegalización de partidos (ANV, EHAK...) y vuelve el maniqueísmo del "conmigo o contra mí". Precisamente hoy se cumplen cinco años de la confirmación por parte de Baltasar Garzón de la suspensión de actividades decretada por él mismo en un auto hecho público en agosto de 2002. Entonces gobernaba el PP y José María Aznar calificó de "buena noticia" algo que hoy valora en similares términos el Ejecutivo de Zapatero. En base a aquella suspensión y a otros sumarios por él impulsados, el citado juez decretó ayer prisión incondicional para 17 de los dirigentes de Batasuna detenidos el jueves; prisión eludible con fianza para cuatro, y dejó en libertad a dos. La teoría tan mentada durante la tregua de que la Justicia debe tener en cuenta las coyunturas políticas, muestra ahora su filo más cortante. Algunos de los que desde el PSOE se quejaron de que determinados ámbitos judiciales no ayudaban a que cuajara el proceso, aplauden hoy que el "Estado de Derecho" aplique toda su fuerza contra personas que hasta ayer fueron sus interlocutores. Lo peor es que, entre tanto bandazo, se permiten criticar a quienes, como el Gobierno vasco, han mantenido siempre una coherencia en sus posturas.