bilbao. Comisiones Obreras certificó ayer la ruptura de la buena sintonía que ha mantenido con el Gobierno vasco en el terreno laboral como respuesta a la postura tomada por la Administración en la última polémica de Hobetuz, la fundación vasca para la formación continua. El líder del sindicato, Josu Onaindi, aseguró que el Ejecutivo ha cometido una "deslealtad" al excluir a los sindicatos de la gestión de los fondos asignados por el estado para financiar el reciclaje laboral de trabajadores en la CAV.
El último desencuentro ocurrido en Hobetuz se desencadenó el mes pasado, cuando el Departamento de Educación dio a conocer su intención de aceptar una partida de 20,4 millones de euros procedente de las arcas estatales para impartir cursos. La decisión provocó la salida en tromba de ELA y LAB contra lo que consideraron una rendición del Ejecutivo ante el persistente bloqueo de la transferencia de la formación y la acatación de la titularidad estatal sobre esa materia.
Sin embargo, el viceconsejero de formación continua, Iñaki Mujika, volvió a sorprender a las centrales cuando presentó la semana pasada una propuesta para gestionar esos fondos mediante un fórmula distinta: en lugar de dejarlos en manos de los agentes sociales, serían los centros autorizados quienes los empleasen para sufragar las convocatorias.
La idea sólo contó con el apoyo de Confebask y no contentó a ningún sindicato. A ELA y LAB, porque opinaron que ahondaba en la claudicación del Gobierno vasco ante el Estado; y a CC.OO. y UGT, porque el planteamiento era "ilegal" y surgía como fruto de las "presiones" ejercidas por las centrales abertzales.
Josu Onaindi compareció ayer ante la prensa en compañía de la responsable de formación de la organización, Loli García, para hacer públicas sus conclusiones después de esta nueva crisis de Hobetuz. El sindicato anunció que hará extensible esta quiebra de confianza a todos los ámbitos de relación con el Ejecutivo. El primer efecto de esta nueva política se materializará en la negativa de CC.OO. a firmar nuevos acuerdos en minoría, en los que hasta ahora había accedido a estampar su firma "por el bien de los trabajadores".
nueva política A partir de ahora, advirtió el líder sindical, cualquier compromiso "se mirará desde una posición de estrategia sindical en lugar de favorecer el acuerdo" y se da por liquidada la "corresponsabilidad que entendíamos que debía existir por parte del Gobierno y que no existe".
"Comisiones ha buscado favorecer el desarrollo de este país mediante acuerdos de carácter sociolaboral, pero después de muchos intentos, el resultado ha sido absolutamente frustrante", proclamó Onaindi. "El Gobierno está aceptando el chantaje de ELA y ha aceptado ser rehén de una política que nada tiene que ver con los intereses de los trabajadores".
Si la central cumple su amenaza, la Administración perderá a la organización en la que más se ha apoyado para sacar delante múltiples medidas desde hace tres o cuatro años, como la Oferta Pública de Empleo de Osakidetza en diciembre de 2006 -la más grande de su historia, con más de 4.000 plazas-, las nuevas condiciones laborales del profesorado de la red pública, el decreto de reforma de las EPSV o, más atrás en el tiempo, la creación del fondo de pensiones Itzarri para los funcionarios públicos.
financiación irregular Por su parte, Loli García negó de forma tajante las acusaciones de ELA y LAB de financiarse irregularmente con los fondos para formación. La central, garantizó, "siempre justifica todos sus gastos", con lo que desafió a los sindicatos nacionalistas a llevar el caso a los tribunales si disponen de datos.
La dirigente sindical pasó a la ofensiva y aseguró que ELA y LAB han recibido del Gobierno vasco una financiación para iniciativas de formación que asciende a 165.000 y 66.000 euros, respectivamente, sin llevar a cabo "ni una sola acción formativa" con esos fondos. |
