Donostia. El periplo protagonizado por Ángel Crespo y María Victoria Ferrer, los propietarios de la promotora Urbancasa, acusados de un presunto fraude inmobilario que ascendería a un millón de euros, llegó ayer a su fin. El matrimonio, que se encontraba en paradero desconocido desde hacía meses, fue arrestado ayer por la mañana en el municipio tarraconense de Tortosa, donde fueron puestos a disposición judicial, según informaron ayer abogados que representan a los afectados de la presunta estafa.
El compás de espera se había convertido en una odisea para la treintena de familias guipuzcoanas y navarras perjudicadas en la trama. Todos ellas adelantaron a esta promotora un dinero, y esa fue su condena. La posibilidad de recuperar aquellas cantidades, que oscilan entre los 12.000 euros pagados para reservar unos terrenos en Lekunberri (Navarra) y los 124.000 abonados por los planos de una casa que nunca se construyó, sigue siendo una incógnita.
interrogatorio por fax Los teléfonos no dejaron de funcionar ayer entre los abogados, que continúan trabajando en las denuncias interpuestas por vía penal. Tres letrados mandaron por la tarde vía fax al juzgado de Guardia de Tarragona las preguntas del interrogatorio al que deberá responder este matrimonio, sobre el que pesan hasta 17 órdenes de prisión y de presentación ante la justicia. "Ahora sí que empieza el verdadero tomate", declaraba gráficamente a este periódico el portavoz de la treintena de afectados. Se mostraba exultante, y no era para menos.
Para calibrar la verdadera dimensión que adquiere el procedimiento a partir de ahora, habrá que aguardar al contenido de la declaración de los arrestados. "Hasta que no sepamos que han dicho no podemos hacer nada. A partir de ahí, tendrá lugar lo que proceda: libertad, prisión, medidas cautelares... lo que resuelva el juez todavía se desconoce", admitía un letrado.
El proceso es incierto. Algunos abogados ya han mostrado su preferencia porque las denuncias se unifiquen en un único juzgado. Hasta la fecha hay procesos abiertos en Tudela y Donostia, aunque los afectados quieren rastrear los presuntos delitos que hayan podido cometer los propietarios de la promotora Urbancasa en el resto del Estado. Un letrado donostiarra que representa a dos de los afectados aseguró ayer a este periódico que es más que probable que comience ahora para los arrestados "todo un periplo judicial", teniendo en cuenta que "varios jueces están reclamando la presencia de los buscados". |