sI alguien no lo remedia, y no parece que haya voluntad o capacidad real de hacerlo, la sociedad vasca está a punto -con los ritmos propios de la justicia- de vivir y padecer un gravísimo hecho sin precedentes que supone de raíz un insulto a sus convicciones democráticas. Un auto del TSJPV hecho público ayer supone, de facto, sentar en el banquillo de los acusados al lehendakari Juan José Ibarretxe, a los líderes socialistas Patxi López y Rodolfo Ares y a los dirigentes de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria, Pernando Barrena, Juan Joxe Petrikorena y Olatz Dañobeitia. Su delito, reunirse y dialogar. Es evidente que una reunión puede tener carácter delictivo, si en ella -sean quienes sean los interlocutores- se habla o se preparan actos que pueden constituir un delito. Pero lo que el lehendakari y los dirigentes socialistas hicieron fue simplemente sentarse con los miembros de Batasuna para hablar de política, con la intención de buscar una solución al conflicto que padece este país desde hace décadas. Es ahí donde los magistrados Fernando Ruiz Piñeiro -a la sazón presidente del TSJPV- y Antonio García, que son quienes firman el auto en cuestión, sitúan el delito: en el mero hecho de reunirse con miembros de una organización política inexistente por estar disuelta jurídicamente. Un hallazgo jurídico que deberá enseñarse en todas las facultades de Derecho del mundo, para vergüenza del sistema democrático español. Y que sirve para poner en bandeja la fotografía que los sectores más recalcitrantes de la derecha política, mediática y judicial del Estado español estaba buscando desde hace mucho tiempo: el lehendakari Ibarretxe sentado en el banquillo de los acusados. Acompañado, además, de otros siete dirigentes políticos vascos de muy diferente ideología y condición -incluso enfrentados entre sí- con el objetivo de criminalizar el diálogo. Podrán argumentar que la resolución tiene fundamentos jurídicos, aunque difícilmente puede justificarse que se persigan estas reuniones y se permitan las del Gobierno con una organización terrorista como ETA. Pero la tercera integrante de la Sala de lo Civil y Penal que ha visto el caso, la magistrada Nekane Bolado, deja bien claro en su voto discrepante, con sólidos argumentos jurídicos, que no hay pruebas de que las reuniones políticas que mantuvieron los acusados sean constitutivas de delito alguno. La realidad es que, al margen de las cuestiones puramente jurídicas, se trata, en definitiva, de un intento, bajo apariencia de ajustarse al derecho, de impedir el diálogo político, encausando y sentando en el banquillo a quienes lo promueven. Si finalmente se produce la insólita y abochornante imagen del lehendakari y los demás encausados ante un tribunal, la democracia, la justicia y el diálogo habrán retrocedido varios siglos.