bilbao. El portavoz del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, denunció ayer que la resolución judicial adoptada por la Sala del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco está absolutamente alejada de la realidad y de las exigencias sociales. El burukide jeltzale aseguró que, pese a ser una resolución esperada, la decisión del tribunal es "sorprendente y decepcionante por la forma, el tiempo y el fondo".
Urkullu criticó la politización que viene contaminando la justicia en los últimos tiempo. "Esta sociedad lleva años percibiendo que determinados estamentos de la justicia se están convirtiendo en un freno para la normalización política en Euskadi", señaló. El dirigente abertzale ahondó más en su denuncia y afirmó que los citados estamentos "aplican la justicia en función de impulsos políticos o intereses electorales". A este respecto, subrayó el hecho de que sean asociaciones, organizaciones y foros ligados a la derecha más reaccionaria los que "marquen y dirijan la política española, a través de iniciativas que luego son apoyadas por la justicia".
El portavoz de la ejecutiva del PNV apuntó que la intención que se esconde detrás de esta utilización política de la justicia es "la de sentar ante el banquillo de los acusados al lehendakari Ibarretxe", a quien Urkullu destaca por ser uno de los principales impulsores y defensores del diálogo y la negociación como herramientas necesarias para resolver el problema político de Euskal Herria y ayudar a alcanzar la paz. De todos modos, para el PNV, la decisión del TSJPV era "un hecho ya sospechado".
Por su parte, EA consideró "esperpéntica" la decisión del TSJPV de mantener abierta la causa contra el lehendakari y los dirigentes socialistas. En comunicado, EA señaló que "parte de la justicia camina contra los deseos de la sociedad vasca que reclama una salida dialogada para buscar la paz". EA acusó al tribunal de "interpretar la ley al servicio de una ideología ultra, cuyo objetivo es romper toda iniciativa para resolver el conflicto".
El portavoz de EB, Mikel Arana, recordó que "hablar no puede ser considerado un delito en democracia" y añadió que "si todas las formaciones políticas que han hablado con Batasuna y con ETA estuviesen sometidas a la acción de la Justicia, no habría tribunales suficientes en el Estado para poder llevar adelante estos procesos". |