donostia. El Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha solicitado al juzgado de instrucción número dos de Irun la ampliación de la denuncia inicial al ex jefe de la oficina tributaria en la ciudad fronteriza, José María Bravo, por un delito de alzamiento de bienes al haber vendido supuestamente la villa que poseía en la localidad francesa de Urruña por 1,25 millones de euros.
Los servicios técnicos del Departamento de Hacienda y Finanzas han descubierto que la venta del inmueble, propiedad de José María Bravo y su esposa, María Rosa Cobos -ambos imputados en el procedimiento judicial abierto por las presuntas malversaciones detectadas en la oficina de Irun-, se produjo el pasado 25 de junio, a pesar del embargo que pesaba sobre los bienes de los implicados, decretado el 30 de mayo por la magistrada instructora del caso, Almudena Ovejero. Según Hacienda, la ejecución material de la venta fue realizada por Cobos, que actuó en su nombre y en representación de su esposo, ante un notario de San Juan de Luz. Al parecer, el embargo judicial no había surtido efecto por encontrarse en trámite para su aplicación sobre los bienes que el inculpado pudiera tener en Francia.
A la vista de estos hechos, el Departamento de Hacienda y Finanzas ha solicitado a la jueza la ampliación de la denuncia inicial por un delito adicional de alzamiento de bienes, que se uniría al de malversación de caudales públicos, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. Asimismo, el erario guipuzcoano reclama la investigación acerca del destino de los 1,25 millones de euros obtenidos de la venta, "para que esta cantidad sea embargada y se atiendan las posibles responsabilidades derivadas del fraude cometido".
Una vez presentada la denuncia y en el momento en que el informe sobre este presunto nuevo delito sea definitivamente completado, el diputado de Hacienda y Finanzas, Pello González, hará entrega del mismo a la comisión de investigación que sobre el caso ha abierto por las Juntas Generales de Gipuzkoa.
"activamente" Hacienda recordó que en la investigación de las irregularidades detectadas en su oficina irundarra, "están participando activamente" sus servicios técnicos, "incluso con personal destinado de forma específica a este cometido". El departamento de la Diputación reiteró que el objetivo es "garantizar que, además del cumplimiento de las posibles responsabilidades penales, se garantice la devolución de las cantidades defraudadas a la Hacienda Foral de Gipuzkoa".
La villa supuestamente vendida por el matrimonio Bravo se encuentra en el centro de Urruña. Cuenta con un terreno de 3.300 metros cuadrados, cuatro habitaciones, una piscina de 10 metros de largo, tres cuartos de baño, un despacho, un salón y un salón comedor, bodega, taller de bricolaje, caseta de jardinero y garaje doble. |
