bilbao. El Gobierno vasco hizo públicas ayer las razones por las que presentará la recusación al presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Fernando Ruiz Piñeiro, y al magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal del mismo tribunal, Antonio García. Con ellas argumenta su convicción de que ambos jueces no sólo han perdido la objetividad, imparcialidad y neutralidad imprescindibles para un juicio justo, sino que además han acreditado tener un interés directo en que la causa contra el lehendakari Juan José Ibarretxe concluya con una sentencia condenatoria afín a las tesis que mantienen el Foro Ermua y el PP.
La portavoz del Ejecutivo vasco, Miren Azkarate, aseguró que los dos magistrados encausados han demostrado públicamente que tienen prejuicios ideológicos y políticos que les incapacitan para cumplir con el derecho básico y fundamental de toda persona a ser juzgado por un magistrado imparcial. "Han acreditado tener un interés directo en la resolución de la causa penal contra el lehendakari y que ésta tenga una resolución condenatoria y afín a las tesis defendidas por el Foro Ermua y plenamente coincidentes con los postulados que defiende el PP", indicó Azkarate.
La portavoz del Gobierno vasco recordó que Ruiz Piñeiro y García pertenecen a la Asociación Profesional de la Magistratura, "que agrupa a los jueces y magistrados más conservadores de la carrera judicial. Para que la ciudadanía tenga una idea aproximada de lo que esto significa, sólo cabe recordar que la otra asociación más significativa que representa a jueces y magistrados se llama Jueces para la Democracia. La conclusión es bastante evidente y quizá nunca como ahora sean necesarios jueces para la democracia, en la medida en que la democracia es la máxima expresión del diálogo con todos y entre todos y el símbolo del respeto y la convivencia". Azkarate insistió en que ninguno de los dos jueces ha tenido imparcialidad a la hora de juzgar esta causa, que se encuentran contaminados desde el punto de vista legal al haber participado en su fase de instrucción y que con sus actuaciones han criminalizado el diálogo como instrumento de acción política. "Se ha truncado el sistema de separación de poderes, de forma que la labor de un Gobierno ya no queda controlada por el Parlamento, sino por los jueces en la vía penal", aseguró.
del lado del querellante En este sentido, destacó que el objetivo que perseguía el lehendakari al reunirse con representantes de la izquierda abertzale era el de encontrar un camino a la paz: "Lo único que ha movido al lehendakari ha sido dar cauce a uno de los máximos anhelos de la sociedad vasca: construir un proceso de paz e impulsar el diálogo como medio para alcanzar acuerdos políticos que nos permitan conseguir la normalización política de Euskadi".
Azkarate también aseguró que ningún juez que use la justicia con fines políticos distraerá al Gobierno vasco de la labor y responsabilidad que como tal tiene, siguiendo el camino marcado por el lehendakari recientemente. Y para demostrar el impulso político de la causa, indicó: "Igual que el juez instructor, ambos magistrados han rechazado todos y cada uno de los argumentos expuestos por la Fiscalía y por la defensa, han olvidado las resoluciones del Tribunal Superior, las del Tribunal Supremo (TS) y las suyas propias y han dado permanentemente la razón al Foro Ermua".
Precisamente, que hayan pasado por alto decisiones judiciales previas conforma varios de los fundamentos con los que la defensa del lehendakari razona las recusaciones. Los letrados que defienden a Ibarretxe explican que ambos jueces se han mostrado con sus decisiones a lo largo de este proceso contrarios al criterio del TS sobre la querella de Manos Limpias contra el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que establece el fraude constitucional que suponen las "querellas políticas". Y afirman que cometen el error de referirse a esta resolución como un caso "singular que no genera jurisprudencia, obviando que dicho supuesto ha sido enjuiciado nada menos, entre otras cosas, que en otros autos del TS de 19 de mayo de 1999, 26 de marzo de 2001, 21 de enero de 2004 o 26 de abril de 2006".
Asimismo, los abogados del lehendakari se refieren a una decisión previa adoptada por García y Ruiz Piñeiro en una causa similar, la seguida contra el consejero de Interior, Javier Balza, por el acto de Batasuna en Anoeta y en la que también se le acusaba de un delito de desobediencia. Ruiz Piñeiro, García, Roberto Sáiz -instructor ahora de la causa contra Ibarretxe- y Nekane Bolado recondujeron en este caso la acusación por una vía que propició el archivo definitivo de la querella. Por tanto, la defensa de Ibarretxe considera que el hecho de que hayan abordado este proceso y el seguido contra Ibarretxe con disparidad de criterios favorece su recusación, dada "la absoluta falta de lógica jurídica" de ambos al aplicar sobre hechos similares tipos penales distintos.
Junto a estas razones, los abogados indican que en su participación en las decisiones judiciales de la Sala en este proceso contra el lehendakari, los jueces recusados "han profundizado de manera extraordinariamente intensa en el fondo de la causa", por lo que deberían ser apartados de la fase del juicio oral. Otro de los argumentos que ofrecen es que Ruiz Piñeiro, en una rueda prensa, comentó la inclusión en el sumario del caso de un informe de la Guardia Civil, cuando se trataba de una cuestión que "no tenía legalmente que conocer. Demuestra estar al corriente de la fase de instrucción, así como del contenido de la misma y de las decisiones que el magistrado instructor tenía que adoptar". Los abogados también recogen como motivos de recusación pronunciamientos realizados por ambos jueces en medios de comunicación acerca del proceso judicial contra el lehendakari. |
