El jurista bilbaino defiende el derecho del lehendakari a reunirse con miembros de la izquierda abertzale para intentar alcanzar la paz y no encuentra razones jurídicas para su encausamiento. Pese a todo, augura una sentencia condenatoria a la luz de la trayectoria del caso. BILBAO. José Manuel Castells ha dedicado toda su vida al Derecho, tanto como docente universitario como participando en congresos y convenciones u ocupando diferentes responsabilidades en la Administración pública o en otro tipo de entidades. Durante décadas ha estudiado y observado todo tipo de casuísticas en el ámbito del Derecho y la justicia, pero hasta ahora no había conocido de cerca un juicio contra el presidente de un país por dialogar con partidos políticos.
¿Encuentra base penal en la causa contra el lehendakari Ibarretxe?
El lehendakari y el resto de los miembros de partidos que se han reunido con Batasuna han actuado en el juego democrático que consiste en tratarse todos con todos a efectos de llegar a fines lícitos. Por lo tanto, no creo que haya ninguna razón delictiva en esas reuniones.
Es un caso insólito que sentará en el banquillo de los acusados a un presidente de un país.
Hay que destacar la excepcionalidad de semejante procesamiento al más alto mandatario de un país en la Europa occidental y en pleno siglo XXI, y además por razones políticas. No entra en los usos democráticos la imputación penal por actividades de estricto contenido político. Por razones económicas sí ha habido supuestos, el más conocido fue el del presidente francés Jacques Chirac.
¿Observa impulso político en las resoluciones de los magistrados?
Los jueces de las distintas jurisdicciones españolas parecen dar una absoluta prevalencia a su conciencia partidista frente a principios de otro cariz, como por ejemplo el principio de legalidad. Sentencian como si se tratara de soldados movidos por una sólida disciplina militar que llevan a cabo sus sentencias en orden cerrado según sus convicciones más íntimas que son de tipo partidista.
De ahí las recusaciones.
Se recusa a aquellos magistrados que saben que van a decir A o B, pero lo saben antes del juicio. Son posturas apriorísticas que luego resultan corroboradas por los hechos. Esto nos lleva a la conclusión de que estamos ante un poder judicial que es claramente un ente enfermo en el sistema judicial español.
¿Tiene alguna receta para esa enfermedad?
El sistema de cuotas por el que los partidos políticos en función de su representación en las Cortes asignan a los jueces de los órganos de gobierno judicial y de los tribunales superiores está en el origen de esta politización partidista, aunque no exclusivamente. Se puede recurrir a otros sistemas que en Europa funcionan muy bien por la autoridad de los jueces mismos y que están por encima de la melé partidista. Pero volviendo a la pregunta, rememorando a un presidente del Consejo General del Poder Judicial fallecido recientemente, diría que con este sistema nos vamos a cargar el poder judicial mismo. Por esta vía estamos entrando en un terreno que pertenece a la lucha política partidista y nos estamos metiendo en él.
Así las cosas, la credibilidad de la justicia pierde muchos enteros.
La justicia española no es una justicia corrupta, pero sí es una justicia que responde a instancias políticas de una manera decidida. Estamos ante una justicia que siendo honesta en líneas generales, cuando toca el tema político responde a sus instancias políticas.
¿Qué deriva va a tener el juicio?
Soy pesimista, me temo lo peor y es una apreciación basada en hechos reales. Parece difícil una marcha atrás ya que hay un conjunto de jueces mayoritario que está por la labor de primero sentar al lehendakari y resto de los imputados en el banquillo de los acusados y luego incluso de condenarlos por desobediencia.
¿Sirve la propuesta del lehendakari para afrontar la raíz del conflicto o complica más la situación?
La propuesta del Gobierno vasco expresada por el lehendakari es una pretensión de recobrar el protagonismo de las instituciones vascas perdido tras haber cedido el terreno al Gobierno español y a ETA para ver si lograban un acuerdo en el proceso de resolución. Al fracasar esa vía rotundamente, el lehendakari retoma la iniciativa y lanza una propuesta de salida del conflicto. Está dirigida tanto al Gobierno español como a ETA diciendo que hay una vía por explorar dirigida por las instituciones representativas vascas y que pretenden dar una salida al impasse actual en el que no hay ninguna negociación a la vista.
¿Tiene encaje la propuesta del lehendakari en el ordenamiento jurídico español?
La cuestión del referéndum está prevista en la Constitución de una manera muy cerrada porque sólo la puede convocar el rey previa propuesta del presidente del Gobierno español y autorización del Congreso. Ahí no hay salida. Pero, sin embargo, la propia Constitución alude a un determinado tipo de referéndum consultivo para grandes decisiones fundamentales como puede ser la OTAN, la Unión Europea… Pero, además, y el propio ministro de Justicia así lo ha reconocido, existen otros tipos de consultas que no son referéndums. Concretamente, en la ley de modalidades de referéndum de 1980 se reconoce la existencia de consultas populares, incluso habla de que no se regularán por esta ley las consultas populares municipales, aunque cierra la puerta al decir que tiene que tener la autorización del Estado. Pero hay otro tipo de consultas, y así está explicitado en los estatutos de Andalucía y de Catalunya, en las que la consulta al pueblo tiene dos facetas: una, como un derecho de participación del pueblo; y dos, como una competencia exclusiva de la comunidad autónoma.
¿Es un problema más sociológico y político que jurídico?
Si hay voluntad política por parte del presidente del Gobierno español se puede hacer perfectamente por la vía del artículo 92 de la Constitución, según el cual bastaría con que el rey, a propuesta del presidente del Gobierno, autorice esa consulta, pero si no quiere hacerla empozoñaría la cuestión.
Y entonces, ¿dónde está el problema?
El problema es que desde la perspectiva centralista se puede admitir todo menos que una comunidad autónoma tome decisiones que se le escapan al poder central. Pero la llave la tiene el poder central y en este caso parece que no va a ceder en ningún aspecto. Nos falta el sentido democrático civilizado de países como Reino Unido, Canadá o Bélgica en el que los temas territoriales se tratan civilizadamente, con una distancia enorme y a través de argumentos, nadie se rasga las vestiduras y al final se llega a un referéndum, o no, pero existe la posibilidad de esa separación como muy bien dictaminó el informe del Tribunal Supremo de Canadá que dice que el principio democrático está por reconocer que si hay una voluntad clara y con una mayoría suficiente se entre en negociaciones incluso para lo máximo, que es la independencia de Québec. |
