dECENAS de miles de personas acudieron ayer en Madrid a la llamada de los obispos españoles para participar en el acto Por la familia cristiana, una inédita concentración religioso-política cuyo objetivo principal, más allá de la defensa de la unión familiar tradicional, era protestar contra las políticas del Gobierno de Rodríguez Zapatero. El acto tuvo todo el carácter de una manifestación al uso: pancartas, banderas, consignas, mitin final... toda la parafernalia necesaria para arremeter contra el Ejecutivo socialista. Ante una multitud a buen seguro movida por profundas convicciones religiosas, pero también por oposición al partido gobernante, las intervenciones de los obispos españoles estuvieron jalonadas por durísimas críticas al Gobierno español, al que acusaron de promover todos los males del mundo actual y de poner a la sociedad prácticamente al borde de la catástrofe y de la degeneración más absoluta. "Desesperación", "manipulación de la educación de los jóvenes", "disolución de la democracia", "amenazas", "ataque grave para el futuro de la sociedad", "la paz nacional e internacional son más frágiles" y hasta que "el ordenamiento jurídico español ha dado marcha atrás con respecto a la declaración de Derechos Humanos de la ONU" fueron algunas de las apocalípticas expresiones de los prelados, encabezados por el presidente de la Conferencia Episcopal y obispo de Bilbao, Ricardo Blázquez -el más moderado y comedido, por otra parte- y el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, contra las medidas gubernamentales en torno a lo que la Iglesia denomina genéricamente como la familia. El matrimonio homosexual, el aborto, el divorcio exprés, la educación para la ciudadanía se mezclaron en los discursos en un totum revolutum escasamente convincente y fueron los principales objetivos de las puyas de los representantes eclesiales. Son de sobra conocidas las posiciones de la Iglesia con respecto a todos estos temas, siempre polémicos. Los obispos y todos los católicos tienen el perfecto derecho de expresarlas y vivirlas. Ocurre, en efecto, tal y como expresaron los obispos -aunque quizá no hayan identificado del todo correctamente al culpable- que la sociedad en el siglo XXI va por otro camino. Si es así y ese sendero es el equivocado, tienen la obligación de advertirlo. Pero también de ser prudentes. Un Gobierno en una democracia ha de ser necesariamente laico y servir al interés general. Hace tiempo que la jerarquía eclesiástica, acompañada de un partido político -y eso, quieran o no los obispos, es una realidad que ni pueden ni deberían obviar-, está empeñada en ejercer un férreo control sobre materias políticas y trata de influir en las decisiones administrativas, sin el correspondiente y necesario ejercicio de autocrítica. Desde el púlpito se puede adoctrinar pero no gobernar.