Barakaldo. El Gobierno vasco reconoció ayer que los vecinos de Sestao que entraron en contacto con el lindane almacenado ilegalmente durante siete años en las instalaciones de la empresa Babcock Wilcox "corrieron un riesgo". Así lo manifestó el director del departamento de Calidad Ambiental entre 1995 y 2002 a la salida del Juzgado de Instrucción número 2 de Barakaldo donde ayer prestó declaración durante tres horas en calidad de imputado por un presunto delito ecológico en el caso del almacenamiento del pesticida entre los años 1995 y 2001.
Tomás Epalza se refería de este modo a aquellas personas que vivían cerca del lugar donde se encontraba el lindane, como los vecinos que labraban las huertas con tierra contaminada en las proximidades del hangar y que posteriormente consumían los vegetales que cosechaban. El responsable del departamento de Medio Ambiente consideró, en cambio, que "en ningún momento hubo peligro para el resto de la población porque los niveles de contaminación eran muy pequeños". No obstante, reconoció desconocer si el contacto con el lindane ha podido con el tiempo estar detrás de algunos casos de cáncer que han aparecido entre la población amparándose en que "esos datos los tendrá el departamento de Sanidad".
El ex director de Calidad Ambiental defendió la gestión realizada por el departamento de Medio Ambiente en el caso del HCH Babcock Wilcox ante el juez que dirige el caso a instancias de la asociación ecologista Lur Maitea. Epalza señaló que el Gobierno vasco hizo las cosas desde el punto de vista administrativo "con la corrección debida y exigible en aquella época" y añadió que el Ejecutivo autonómico "contó con el visto bueno de la Unión Europea" en esta actuación "que financió con 5.000 millones" la descontaminación.
El delegado de Medio Ambiente defendió que en aquella época el verdadero "riesgo" hubiera sido "haber dejado el lindane en la calle al alcance de los niños y las personas", ya que podían haber entrado en contacto con él. El almacenamiento en las instalaciones de la empresa Babcock Wilcox fue la decisión que se tomó hasta que en el año 2002 entró en funcionamiento la celda de Argalario, donde fueron trasladadas todas las tierras y sobre la que hoy en día "se ejerce un control continuo".
El juez también tomó declaración durante la mañana y la tarde de ayer a los directores de la empresa entre los años 1997 y 2001 también como imputados por un delito ecológico. José Ramón Vecino, Eduardo Gorostiza, Joaquín Clotet y Emilio Jesús Cabrera declinaron realizar declaraciones públicas, sin embargo los responsables de Lur Maitea informaron una vez terminada la sesión que todos delegaron la responsabilidad en los directores de servicios de áreas generales de la empresa entre estos años. "Han dicho que ellos estaban informados de la existencia del vertedero de residuos pero que los encargados del mismo eran las personas que ocuparon estos cargos", comentó la portavoz de Lur Maitea, Consuelo Elosua.
La representante de la asociación ecologista se mostró contraria a todas las declaraciones realizadas por los cinco imputados y siguió defendiendo que el almacenamiento de HCH se realizó sin una evaluación de impacto ambiental, "necesaria si el vertido iba a permanecer más de seis meses".
La historia del lindane "clandestino"
Babcock Wilcox tenía en el año 1995 alrededor de 3.500 sacos de lindane de dos metros cúbicos de capacidad cada uno. En total 700.000 metros cúbicos de residuos peligrosos que decidió almacenar en una nave abandonada que la compañía tenía en Sestao con el permiso del Gobierno vasco, hasta que en el año 2002 fueron finalmente trasladados al depósito construido en las faldas del monte Argalario, en el barrio Kareaga de Barakaldo. Fue en el año 2001 cuando la asociación ecologista Lur Maitea denunció el almacenamiento del pesticida, tachándolo de "ilegal y clandestino" por carecer de estudio de impacto ambiental. A pesar de que el caso fue archivado en dos ocasiones por el Juzgado de Barakaldo en los años 2003 y 2005, la Audiencia Provincial de Bizkaia lo reabrió. Finalmente, a finales de 2006 la jueza del caso advierte de la existencia de ilegalidades en el caso, entre ellas que el almacén carece del citado estudio de impacto ambiental. Un año después, la magistrada decidió que se evalúe cómo afectó el pesticida a la ciudadanía de Sestao. Un experto, Nicolás Olea, ya ha advertido que puede provocar problemas de salud. >a.a.
