lA vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, ha destacado durante los últimos días que el Ejecutivo del que forma parte analizará la posibilidad de que se pueda modificar la actual Ley del Aborto, aunque en ningún caso será uno de los puntos que formen parte de su plataforma electoral para la inminente jornada electoral del 9 de marzo. Las palabras de la vicepresidenta responden a una grave crisis que se ha abierto como consecuencia de la clausura de cinco clínicas abortistas en Barcelona y la posterior investigación policial en otros centros en los que se habrían practicado abortos más allá de los supuestos contemplados en el articulado de la ley. Ayer mismo, 15 mujeres se autoinculpaban en los juzgados de Vigo en solidaridad con otras 25 citadas a declarar por los jueces en Madrid, algunas de ellas con métodos más cercanos a la Edad Media que a nuestros días. En el mar de reacciones a las acciones policiales y judiciales, De la Vega, como cabeza visible del Gobierno español, se ha mostrado rotunda en la defensa de la intimidad de estas mujeres que abortaron fuera de los plazos legales. La actitud honra a la vicepresidenta como representante política y como mujer. Pero lo que ninguna persona debe olvidar nunca es que el acto de abortar para cualquier mujer es traumático. Puede llegar a ser insultante que alguien crea que someterse a un aborto es algo agradable. De ahí que el respeto hacia la integridad moral de ese ser humano que ha sufrido el trauma sea condición indispensable para seguir con cualquier investigación. La legislación actual sobre el aborto no contempla una ley de plazos, idea ampliamente reclamada por colectivos feministas y un amplio espectro de las mujeres del Estado. La petición es clara: que se fijen por ley los plazos en los que sería posible abortar sin dar ningún tipo de explicación -se habla de 12 a 15 semanas- para conseguir algo tan fundamental y básico como es la seguridad jurídica del individuo. El renacimiento de un tema socialmente controvertido como el aborto, cuya ley data de 1985, tal vez requiera de una revisión basada en análisis fundamentados en todos los órdenes necesarios. Hoy, en el año 2008, las sociedades vasca y española han dado sobradas muestras de liderar numerosos avances en multitud de terrenos: sanidad, justicia y derechos individuales, por poner algún ejemplo. Y la realidad del aborto no puede escapar a estos avances que hacen de la democracia el paradigma que sustenta la libertad individual. Respeto a las normas que emanan de los legisladores, sí. Pero también respeto a su aplicación en casos en los que están implicadas mujeres que toman la decisión de abortar inmersas en condicionantes con tintes siempre traumáticos. Las leyes están para cumplirlas y también para adaptarlas al entorno social en el que se aplican.