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Atutxa, Knörr y Bilbao, en un momento de la manifestación del sábado. foto: r. zarrabeitia |
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Decepción e inquietud
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J. Gabriel De Mariscal
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HAY varias señales que denuncian a una democracia anémica. Una de ellas consiste en que los jueces se salgan impunemente de su ámbito constitucional de competencia, interfieran gravemente en la vida parlamentaria y tercien en la vida política de los partidos. Es lo que está sucediendo desde el principio con el proceso del Sr. Atutxa, constitucionalmente esperpéntico e increíble para cualquier ciudadano demócrata que no sea un político interesado. A reserva de leer una sentencia, cuya posibilidad o justificación jurídica, después de conocer detalladamente todos los antecedentes del proceso y de haber opinado por escrito sobre ellos, no alcanzo a comprender a priori, pero que debe ser examinada con cuidado y respeto, hay algunas cosas que pueden decirse con carácter previo.
Acontecimientos como el proceso de Atutxa se darán siempre que fallen dos cosas fundamentales: el respeto a los poderes constitucionales y a su rango, y la eficacia en la exigencia de la responsabilidad que imponen a los jueces el artículo 117 de la Constitución vigente y los diferentes artículos del Código Penal.
En lo que al primer punto se refiere, es claro que el poder de mayor rango en la Constitución española es el parlamentario. Sea el central, sea el regional. Los jueces carecen de jurisdicción en lo que a la vida interna -no administrativa- de cualquiera de los parlamentos del Estado se refiere. Carecen de competencia para interpretar los reglamentos de las Cámaras. Esa interpretación corresponde en exclusiva a los presidentes o a las mesas respectivas. Cuando un presidente o una mesa -en este caso el Sr. Atutxa y la Mesa del Parlamento vasco- han dado una interpretación del reglamento respectivo, los jueces, les guste o no, deben abstenerse de actuar como jueces, porque se hallan ante un conflicto constitucional de atribuciones que ellos solos no pueden, ni deben, resolver en Derecho, como en otra ocasión he razonado. Y ello, aun cuando estuvieren aplicando pulcramente la ley en rama diferente del Derecho, sea civil, sea penal, sea administrativa. Otra cosa será la opinión que, en cuanto ciudadanos, les merezcan las decisiones de dichas autoridades parlamentarias. En este terreno la opinión es libre, pero en el otro se puede prevaricar y, si hubiere indicios de prevaricación, debería iniciarse la investigación penal correspondiente.
La imposibilidad práctica de exigir a los jueces responsabilidad en el ejercicio de su función jurisdiccional permite todos estos atropellos. Obviamente se han venido ciscando hasta ahora en algo tan importante para el Derecho y para las garantías de los ciudadanos como la inviolabilidad parlamentaria. Y lo han hecho con la más absoluta impunidad. A algún tertuliano le he oído en otra ocasión que como la interpretación del Derecho corresponde a los jueces, fuera de su ámbito es difícil criticarles o exigirles responsabilidad. Esto sólo puede decirse desde una actitud de beatería judicial, a la que tan acostumbrados nos tienen nuestros políticos y periodistas. Pues bien, no es así, en cuanto al reglamento de las Cámaras. Tampoco es así, puesto que el Código Penal prevé delitos de los jueces, aun cuando el sistema los haya convertido, por lo general, en mero papel mojado. Y finalmente es, en mi opinión, un error jurídico grave el que la Constitución no haya sustraído expresamente a la interpretación judicial la inviolabilidad parlamentaria. Claro que esto se explica porque los padres de la Constitución eran también políticos.
Otra señal de una democracia anémica es la posibilidad de que un Tribunal pueda aplicar impunemente un criterio determinado y otro diferente en un caso exactamente igual. Parece difícil a priori justificar que la mera presencia de la acción pública no sea suficiente en un caso para seguir el procedimiento -caso del Sr. Botín- y no sea obstáculo para seguirlo en el del Sr. Atutxa. Habrá que ver los argumentos de los magistrados que han votado a favor de eso que parece un dislate jurídico, porque, si fueren falaces o meramente especiosos, aparentes, la amenaza que los tribunales supondrían para la seguridad jurídica del Estado y de los ciudadanos es algo que supera todos los criterios de gravedad jurídica y política.
Se convocó una manifestación. No veo por qué es reprobable, como opinan algunos, decir en público y en masa que no nos gusta el sistema judicial que tenemos, que no nos agrada que sea el único poder del Estado que no ha experimentado los necesarios ajustes democráticos, que queremos unos jueces que se ganen nuestra confianza y nos garanticen nuestra seguridad jurídica, y no porque decidan lo que nos gusta, sino porque su actuación es razonable y ajena a cualquier injerencia política de partido. Y no alcanzo a ver por qué es reprobable, ya que existe la libertad de pensamiento, de expresión y de manifestación, y, además, porque los ciudadanos somos los que sostenemos con nuestros impuestos el entramado judicial. Ambas circunstancias nos dan derecho a manifestar nuestro desagrado, nuestra decepción y nuestra inquietud, a exigir cambios y a pedir cuentas. |
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