madrid. Después de que el pasado viernes anunciara que el Ejecutivo español iba a autorizar a la Abogacía del Estado a instar ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo a que ilegalizase a ANV y EHAK, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, sacó ayer pecho y defendió la oportunidad de acometer en este momento esta iniciativa, señalando que "el señor Acebes puso en circulación al PCTV y nosotros lo quitamos". En un desayuno informativo organizado por la agencia de noticias Europa Press, De la Vega hizo así alusión a la inscripción de EHAK en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior en el año 2002, cuando el departamento lo dirigía el popular Ángel Acebes y sólo tres meses después de que entrara en vigor la Ley de Partidos.
La vicepresidenta subrayó que los ciudadanos saben quién puso en circulación a EHAK en su día. "Lo puso en circulación el señor Acebes y nosotros lo quitamos de la circulación", espetó. Y alegó, acto seguido, que "el Gobierno no actúa por razones de oportunidad, sino de legalidad".
De la Vega añadió que en las pruebas recogidas por la Policía española ha quedado meridianamente claro que hay "caja única", en referencia a los vínculos económicos de ANV y EHAK con la ilegalizada Batasuna, así como una decisión de esta última de "fagocitar, de asumir, de tomar la relación política y económica de los otros dos partidos".
Ante las críticas del PP por dar este paso justo antes de la campaña electoral, María Teresa Fernández de la Vega recalcó que el Gobierno español "jamás actúa por razones de oportunidad sino de legalidad, cuando tiene pruebas tras una investigación rigurosa". Así, cuando el juez levantó el secreto del sumario y el Gobierno conoció los informes, "actuó al minuto siguiente", añadió.
pruebas El fiscal jefe del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, tiene previsto interponer hoy ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo una demanda instando la ilegalización de EHAK, al considerar que incumple la Ley de Partidos por ser una mera sucesión de Batasuna. Fuentes fiscales informaron de que se está trabajando en una demanda idéntica contra ANV que será presentada en los próximos días.
El propio ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, aseguró ayer que, tras el pistoletazo de salida que tuvo lugar la semana pasada, "en estos momentos se trabaja intensamente" para culminar este proceso. Aunque no quiso dar una fecha exacta sobre cuándo se producirá este hecho, vaticinó que es probable que los Servicios Jurídicos del Estado "hayan acabado su trabajo durante esta semana o, como mucho, a primeros de la próxima, y se hayan tomado ya las decisiones de interposición que hayan estimado oportuno".
Fernández Bermejo agregó que "no hay que meter prisa a los Servicios Jurídicos, lo importante es que lo hagan bien". En este sentido, recordó que "en cuanto se tuvieran las pruebas nos pondríamos en marcha y se tomaría la decisión"; decisión que llegó el pasado viernes, con la resolución del Consejo de Ministros en este sentido.
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, se sumó al discurso de sus compañeros de partido y rechazó las críticas del PP. Así, dijo que el momento en que el Ejecutivo ha solicitado la ilegalización de ANV Y EHAK "es algo absolutamente secundario". A su juicio, " se tiende a vincular todo lo que ocurre en esta época con las elecciones". "No nos podemos arriesgar a ir a un tribunal de justicia, dentro o fuera de España, y que nos den una bofetada como país. Si demandamos la ilegalización de un partido político, tenemos que ir con todas las razones y sin ninguna duda para conseguirla realmente", concluyó a este respecto.
Reactivan la causa por las loas a los presos
La Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó ayer un recurso de apelación al archivo de las diligencias contra la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia (ANV), por sus declaraciones de apoyo a los presuntos etarras que cometieron el atentado de la T-4, Igor Portu y Mattin Sarasola, en el que incorpora al delito de enaltecimiento del terrorismo que le había imputado otro de injurias y calumnias a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Un tribunal de la Sala de lo Penal compuesto por tres magistrados deberá decidir ahora sobre el futuro de este procedimiento. El juez Santiago Pedraz decretó el pasado viernes el archivo de la causa al considerar que las palabras de la alcaldesa, pronunciadas durante un acto de ANV celebrado el 12 de enero en el Anaitasuna de Iruñea, no perseguían "la exaltación o justificación de métodos terroristas, sino el elogio o la defensa de ideas que en este caso ponían en cuestión el marco constitucional". En el recurso de apelación contra el auto de Pedraz, la Fiscalía sostiene, no obstante, que "no se puede alegar el derecho a la libertad de expresión como justificación de la conducta" de Beitialarrangoitia. >e.p. |
