COMO en toda negociación, ha habido que dejar pelos en la gatera, pero hemos llegado a un consenso importante". Lejos de lo que pudiera parecer, quien habla del anteproyecto de ley de servicios sociales no es un político, sino el presidente de la Federación vasca de asociaciones de personas mayores, Txema Odriozola, quien se ha implicado en su elaboración como el que más. Al igual que él, representantes de diferentes entidades y sectores sociales mostraron ayer públicamente en Bilbao su apoyo al texto y se felicitaron porque "este proceso ha marcado un antes y un después en lo que entendemos por democracia participativa".
txema odriozola - mayores
Un guía evitará el "calvario" para acceder a los servicios
Consciente del "calvario que sufren las personas mayores para acceder a los servicios sociales", Txema Odriozola considera "un logro importante" que el anteproyecto de ley contemple la figura del "profesional de referencia, una especie de asesor que les haga la hoja de ruta y les guíe" a la hora de solicitar ayuda cuando, por ejemplo, "salen de un hospital y no saben adónde ir ni quién les puede atender".
Otro de los "caballos de batalla" de este colectivo que se verá saciado con la nueva norma es la "coordinación entre la atención sanitaria y social", que permitirá que "los mayores permanezcan el mayor tiempo posible en su casa". Con este mismo fin, avanza Odriozola, se impulsarán "políticas preventivas y de envejecimiento activo para evitar caer en la dependencia y retrasar ese proceso degenerativo".
A la hora de defender la participación de este colectivo en las normas que le atañen, su portavoz se apoya en los datos. "Somos 400.000 mayores y dicen que gastamos más del 50% del presupuesto de servicios sociales. Pues como usuarios queremos tener voz y esta ley lo va a garantizar", asegura. De hecho, añade, "está prevista la constitución de un consejo sectorial de mayores que va a ser el órgano tractor de nuestras reivindicaciones".
Satisfecho con el anteproyecto de ley, Odriozola no oculta que "ha habido que ceder" y pone como ejemplo de "pelos en la gatera" el hecho de que los mayores seguirán "en el limbo, sin ser asignados competencialmente ni contemplados como un colectivo diferenciado con unas políticas específicas".
IGOR NAVARRO - discapacitados
Podrán exigir el cumplimiento del derecho en los tribunales
Puestos a enumerar las mejoras que aportará la ley de servicios sociales, Igor Navarro, representante de la Confederación coordinadora de personas con discapacidad física de Euskadi, Elkartean, subraya "el aspecto subjetivo del derecho, es decir, que si exiges un derecho y no se te cumple, puedes reclamarlo ante los tribunales". En cuanto a su colectivo, saldrá especialmente beneficiado por el hecho de que "se va a tener en cuenta la renta, pero no el patrimonio, lo que a los discapacitados nos protege porque, debido a los problemas para buscar empleo, siempre hemos tenido más dificultades económicas".
Con la esperanza de que prestaciones como la del asistente personal o cuidador informal "tengan reflejo en el desarrollo normativo posterior", Navarro agradece que "se hayan tomado en cuenta" sus aportaciones en el anteproyecto. "Todas las instituciones deberían asumir que la verdadera democracia discurre por las vías de la participación", reivindica.
Para que nadie crea que caen en la complacencia y dan el trabajo por concluido, Navarro advierte de que estarán "pendientes del trámite parlamentario y del grado de cumplimiento y efectividad" de la ley. De hecho, aún les quedan metas por alcanzar, entre ellas, "conseguir que se considere a la persona como unidad individual y se mire sólo su renta, sin tener en cuenta a la familia". "Seguiremos luchando por ello", anuncia incansable.
juan ibarretxe - pobreza
Aglutinará la intervención pública y privada en la CAV
Convencido de que sus propuestas "han sido atendidas con especial cuidado y mucho mimo", el presidente de la Red europea de lucha contra la pobreza en Euskadi, Juan Ibarretxe, valora especialmente que se haya trabajado para "alcanzar acuerdos por encima de los intereses particulares y partidistas" y "dejando de lado los posibles resquicios que pudiera haber a nivel competencial entre las diferentes administraciones".
En la confianza de que "el nuevo sistema de servicios sociales ocupe el mismo rango que el educativo o el sanitario", Ibarretxe considera que era necesario "un nuevo marco normativo que aglutinase toda la intervención pública y privada en la CAV, así como la coordinación entre las distintas instituciones" para evitar las "tierras de nadie". |
