Bilbao. Un total de 4.500 vizcainos están aún a la espera de que su dependencia sea valorada. La Diputación ha reforzado su plantilla en cincuenta personas entre el año pasado y éste, pero la avalancha de solicitudes de valoración la dependencia -casi 13.500 en apenas siete meses-, unido a un proceso de como mínimo cuatro meses, ha terminado por atascar el sistema. Tanto que el departamento de Acción Social se ha visto a obligado a contratar a otras 29 trabajadores para terminar con el retraso que esos expedientes acarrean desde finales del año pasado y ponerse al día para junio.
Según explicó el diputado de Acción Social, Juan María Aburto, la implantación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia "ha generado tanta demanda que no hemos sido capaces de atenderla de inmediato. Ha aflorado una demanda que no existía y que es muy importantes". Además de los casi 13.500 expedientes abiertos desde que en marzo se empezó a aplicar, los trámites para acceder a las ayudas se han ampliado, dilatando el proceso "hasta un mínimo de cuatro meses". Como consecuencia, se están produciendo "atascos en algunos ámbitos" y actualmente 4.500 vizcainos se encuentran aún a la espera de que la institución foral resuelva sus casos, sobre todo casos de personas mayores que no se pueden valer por sí mismas.
"Somos conscientes de que detrás de cada expediente hay un caso delicado y estamos adoptando medidas para ponernos al día a principios de verano", admitió Aburto. Para ello, han contratado a 25 trabajadores sociales y a cuatro administrativos que se dedicarán a tiempo completo a realizar los Planes de Atención Individualizada -último trámite de todo el proceso de valoración- de los expedientes pendientes de finales de 2008, además de alquilar unas nuevas oficinas en Deusto para desarrollar esta labor.
Este nuevo equipo está trabajando a un ritmo "muy importante" y prueba de ello es que en apenas una semana han resuelto ya 400 expedientes. "Creemos que vamos a poder resolver de forma rápida las valoraciones retrasadas y estar al día para verano", confió el diputado de Acción Social.
Ya el año pasado el departamento contrató a 15 personas fijas y a otras ocho de forma temporal, "aunque no fue suficiente", y este año se van a incorporar otras 17.
Juan María Aburto incidió en que el "atasco" se está produciendo en los trámites que hay que seguir para conseguir una valoración de la dependencia y que, una vez elaborado el PIA, el ingreso en un centro se realiza en menos de un mes. "Hay plazas, tanto de residencias como en centros de día. La lista de espera es técnica", especificó.
Desde que el 25 de mayo se recibiera la primera solicitud de valoración de la dependencia, la Diputación ha abierto 13.949 expedientes. Al finalizar el año, ya se habían valorado los casos de 7.900 personas -otros 830 se cerraron al estar abiertos por más de una vía- y actualmente unas 1.600 personas ya están recibiendo atención residencial, de centro de día, ayuda a domicilio o prestación económica.
En concreto, 577 familias reciben ya las prestaciones económicas -de 487 euros- para el cuidado en el entorno familiar. Continúa sin haber, sin embargo, solicitud alguna de prestación económicas para asistente personal, por lo que el departamento está trabajando con la Federación de Personas con Discapacidad Física de Bizkaia "para diseñar un proceso de actuación que haga que esa demanda aflore", explicó Juan María Aburto. Entre las posibles causas que esta ausencia de solicitudes, el diputado de Acción Social señaló que el perfil de ese "asistente personal" no está bien definido -"no se concreta qué formación debe tener"- y que "la cuantía puede no resultar excesivamente atractiva para contratar a una personas cuidadora".
Asimismo, destacó que en Bizkaia se atiende a más personas dependientes que en el resto del Estado ya que se sigue aplicando el sistema de valoración propio, "más adecuado para el solicitante ya que define un universo más amplio". Salvo las prestaciones económicas -que sólo se otorgan a grandes dependientes-, en Bizkaia el resto de servicios se ofrecieron a "toda la población, y no sólo al 55% de las personas que según la ley estaban consideradas como grandes dependientes". |
