hOY se ha puesto en marcha oficialmente la campaña para las elecciones generales que el 9 de marzo decidirán el futuro Gobierno de España. A decir verdad, esta campaña comenzó al día siguiente de que el PP perdiera el poder tras un final de legislatura traumático. El partido que heredó Rajoy nunca aceptó el veredicto de las urnas. Tan descarnada ha sido la oposición que el PP planteó desde el primer día, que puede decirse con justicia que estos cuatro años han sido un continuo ejercicio de confrontación orientado a la recuperación del poder por parte del PP y de defensa por parte del PSOE. Por otra parte, la ruptura de la tregua por parte de ETA y la carrera de ilegalizaciones de los partidos adscritos a la izquierda abertzale enturbian más si cabe la campaña recién iniciada. Procesos de ilegalización, por cierto, que ha ido administrando el Gobierno en función de sus necesidades electorales. Los grandes medios de comunicación, no sólo de ámbito estatal sino también sus apéndices en el País Vasco, han estado preparando a la ciudadanía para una confrontación bipolar Zapatero-Rajoy, condicionando -conscientemente, por supuesto- la decisión hacia una de las dos opciones mayoritarias, sin tener en cuenta que la presencia de electos vascos en Madrid debería ser garantía de la defensa de las necesidades y reivindicaciones de Euskadi en las Cortes españolas. Tal como están configurados los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado, los electos vascos adscritos a los grandes partidos estatales vienen a formar parte de su estrategia general y acaban por quedar sometidos a ella. Los intentos por crear grupos propios al margen de la organización central por parte de los socialistas vascos no han pasado de ser un cómputo de buenas intenciones pero sin resultado práctico alguno. En estas elecciones hay que exigir a los candidatos, sea cual sea la fuerza política en la que se integren, que expliciten cuál va a ser su compromiso en la defensa de los intereses del País Vasco. Hay que exigirles garantías de que no se van a limitar a apretar el botón que su portavoz parlamentario indique, sino que van a llevar al Congreso las demandas de los ciudadanos que les votaron, ciudadanos que viven y trabajan en el País Vasco y a quienes quizá se les van a hacer promesas que no deben quedar incumplidas. No va a ser fácil, nunca lo ha sido, aplicar a la campaña para las elecciones generales la necesaria proximidad en los mensajes, menos aún en esta ocasión en la que la atención se va a centrar en los debates a dos y en el frenesí de datos demoscópicos en encuestas de infarto. Los vascos van a elegir a sus representantes en las Cortes españolas, y su presencia en ellas sólo tiene sentido si se comprometen a defender los intereses vascos por encima de cualquier disciplina de partido. Así habrá que demandárselo.