bilbao. Con todo lo que nos llueve a diario desde el entorno político de los partidos mayoritarios en el Estado, diecisiete años son muchos para que el recuerdo no se desdibuje, o más bien se intente desdibujar en la conciencia popular desde el poder establecido. Con los escándalos públicos sucede con harta frecuencia. Éste es el caso del que se organizó en Osakidetza desde el Departamento de Sanidad en 1990, entonces bajo directo control socialista con el consejero José Manuel Freire.
En aquella Oferta Pública de Empleo (OPE) de 1990, a la que se presentaron más de 50.000 personas para acceder a 2.500 plazas, el chivateo de exámenes fue un asunto dirigido y filtrado, según rezó la sentencia, desde la cúpula socialista que entonces dirigía el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza hacia sus correligionarios.
Sólo tras una miriada de denuncias logró ponerse en marcha el aparato judicial que además de obligar a repetir la mayoría de las pruebas terminó condenando a Mario González, Pedro Pérez, José A. Martín y Pablo Sastre a penas de seis años de cárcel. Apenas cumplieron una mínima parte de la condena, que ahora siete años después de la publicación de la condena son indultados por sus compañeros de partido político.
Si el affaire vuelve ahora a los medios no es por el interés de aclararlo, sino porque hace unos meses, en noviembre de 2007, y de la mano del gobierno socialista en Madrid, se indultó a los encausados y condenados en el juicio celebrado en 1997, todos ellos dirigentes socialistas en distintos niveles de representatividad.
El meollo del escándalo hacía ya tiempo que había caído en el olvido popular, lo suficiente para que una resolución como la tomada por el gobierno de Rodríguez Zapatero no suscitase demasiado eco en la sociedad. Ni tan siquiera por sus encarnizados detractores populares.
Los cargos fueron por falsificación de documentos públicos, ya que quedó probado que dichos funcionarios se dedicaron a corregir las pruebas realizadas en la oposición para favorecer a militantes del PSE y del sindicato UGT. Ya en su momento, la instrucción fue considerada una auténtica chapuza, con desaparición de pruebas incluidas por robo en los servicios centrales del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza.
Los trabajos de corrección de las pruebas coincidieron con el anuncio de la ruptura de las negociaciones PNV-PSE para la repetición de un nuevo gobierno de coalición.
Con la llegada al departamento del nacionalista Iñaki Azkuna, los ex directores socialistas de Osaki- detza publicaron, sin consentimiento de los tribunales, unas listas provisionales de aprobados, en las que opositores de afinidad socialista y trabajadores eventuales y de confianza del equipo gestor del ente convocante copaban las mayores puntuaciones.
exámenes manipulados Pronto se detectaron irregularidades y los tribunales comprobaron la "burda" manipulación a la que habían sido sometidos cientos de exámenes -581, correspondientes a 363 opositores, según las conclusiones parlamentarias-. Siete pruebas fueron anuladas y tuvieron que repetirse, con un coste adicional para la administración de 231 millones de pesetas.
En su día el juez instructor del caso Osakidetza observó indicios delictivos y la posible participación en el fraude de las oposiciones, al menos como encubridor, de José Luis Marcos Merino, vicesecretario general de los socialistas vascos y diputado en el Congreso, por aquel entonces, y hoy alcalde de Sestao, por lo que decidió trasladar la instrucción de la causa y el conjunto de las diligencias practicadas al Tribunal Supremo.
En el auto judicial, emitido el 14 de setiembre de 1994, por el que se levantó el secreto de sumario prolongado durante cinco meses, elevó además a once el número de las personas imputadas, entre las que figuraban ex altos cargos de Osakidetza y trabajadores del citado organismo en aquella época, todos ellos vinculados con el PSOE, así como también a ex directivos de la empresa Euro Appraisal, que fue la encargada de corregir los exámenes. Sin embargo, absolvió a Marcos Merino, al no contar con pruebas directas que lo implicara.
En las conclusiones judiciales, coincidentes con las emitidas por la Comisión de Investigación puesta en marcha por el Parlamento vasco, se señaló que el fraude fue perpetrado por un colectivo de gente "concertado y organizado a tal fin", con la intención de "beneficiar a personas afines", vinculadas al PSOE y a UGT.
hubo más implicados El magistrado, que reparó en la militancia política y en la posición ocupada en Osakidetza por los imputados a quienes atribuyó la autoría de las manipulaciones, expresó su convencimiento de que no se halló a todos los implicados en el fraude.
Desde sindicatos como LAB se ha denunciado con dureza "la concesión del indulto a los falsificadores de Osakidetza después de siete años de la publicación de la sentencia. Quedó probado que Mario González, Pedro Pérez, José A. Martín y Pablo Sastre, condenados a seis años, se dedicaron a corregir las pruebas realizadas en la oposición para favorecer a militantes socialistas y del sindicato UGT. Ya en su momento -señalaron desde LAB- la instrucción fue una auténtica chapuza al salirse de rositas responsables del más alto nivel como Marcos Merino por falta de pruebas. Ya entonces se habló también del papel en la sombra de Rosa Díez, que coordinaba las relaciones des del Partido Socialista de Euskadi con la UGT en el País Vasco".
Lo inaceptable para esta organización sindical es que diecisiete años después, "de nuevo con el PSOE en el poder del Gobierno español, el Consejo de Ministros, en su momento rebajara las penas para que casi no pisaran la cárcel los imputados y, en noviembre, se decidiera a dar el paso del indulto.". La flexibilidad de la justicia española es criticada por esta organización sindical, porque "resulta proverbial, así como la impunidad para los delitos cometidos por los responsables políticos de la joven democracia española inimaginable en cualquier otro país de Europa". |
