lA prostitución callejera, ese oficio al que catalogan como el más viejo del mundo, castiga a todas las ciudades con un nivel de población elevado, como puede ser el caso de Bilbao. El Ayuntamiento se encuentra inmerso en la confección de una ordenanza con la que intentar regular esta actividad en las calles de la ciudad, iniciativa que intentará acallar las voces de vecinos de distintos barrios -sobre todo de Miribilla en este momento-, que protestan por la presencia de mujeres jóvenes de origen africano haciendo la calle, si hablamos en argot. La preocupación de los vecinos es comprensible. Sus relatos a este diario son muy convincentes. Porque una madre que recoge a sus hijos pequeños cuando éstos llegan del autobús escolar no tiene la obligación de presenciar escenas relacionadas con el sexo, en ocasiones, subidas de tono y en plena calle. Además, la prostitución siempre lleva adosado ese componente, humanamente comprensible, de inseguridad y violencia soterrada difícil de medir con datos. Los frentes están definidos y tienen tres vértices. Primero, el Ayuntamiento, como representante máximo de la ciudadanía a la que administra, está obligado a responder a las exigencias de sus vecinos. Segundo, los habitantes de una ciudad como Bilbao tienen todo el derecho a protestar por una conducta que consideran dañina para la convivencia en las calles de la ciudad. Y tercero, las prostitutas, no lo olvidemos, son mujeres extremadamente jóvenes en muchos casos, que viven en la más absoluta indefensión y maltratadas por redes de tráfico de personas contra las que es muy difícil actuar. Definido el escenario, el Ayuntamiento se enfrenta a un problema con las armas de las que dispone. Plantea una ordenanza que contempla sancionar a las prostitutas y a los clientes que acuden a pagar esos servicios. Una medida que también se estudia en Sevilla o Málaga y que en Barcelona provoca controversia. La experiencia en la aplicación de medidas parecidas dice que las meretrices, ante la presión policial, sólo se desplazan de barrio. Desaparece el problema en uno y reaparece en otro. Todo depende de la insistencia de los agentes en controlar a las prostitutas y sus clientes. Askabide, la ONG que trabaja en favor de las prostitutas, también reclama con razón que se respeten los derechos de las profesionales del sexo. Sin duda, el verdadero reto para el Ayuntamiento es conseguir, a través de la participación de todos los colectivos implicados, el máximo consenso sobre las posibles actuaciones lleguen éstas en forma de ordenanza o en otro formato. Si las medidas sancionadoras a clientes y prostitutas dan el resultado deseado y se consigue erradicar el problema, mejor que mejor. Pero toda actuación deberá contar con la participación de los colectivos afectados. Su voz es importante porque son ciudadanos.