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12-03-2008
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Cerca del 75% de las quejas por abuso de desarrollo urbano que recibe la UE son estatales.
Marta Hurtado
Ginebra. El relator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Vivienda Digna, Miloon Kothari, considera que la única forma de resolver la crisis de la vivienda en el Estado español es construir apartamentos sociales. "No existe un atajo en España que no pase por construir más vivienda de protección oficial, vivienda social que vaya directamente a las personas de menos ingresos", dijo ayer en una entrevista. El relator especial presentará hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas su informe sobre el Estado español, que visitó del 20 de noviembre al 1 de diciembre del 2006.

En el informe se pone de manifiesto que "el cupo de viviendas subsidiadas es escaso y no satisface las necesidades inmediatas y futuras de la población".

A principios de la década de 2000, sólo el 6,3% de todas las residencias eran subsidiadas, contra una media del 13,7% en la Unión Europea.

"A menos que sean capaces de liberar los dos o tres millones de viviendas que están vacías -y aún así sería un proceso lento- si el Gobierno realmente quiere enfrentar la crisis de la vivienda no hay más camino que construir vivienda social", agregó.

Según los datos con los que cuenta el relator, el Estado español posee el mayor número de casas vacías de la UE, con más de tres millones en el 2001, el 15% del número total.

Consultado sobre si el freno del mercado hipotecario puede mejorar la situación, Kothari abogó por la implicación gubernamental.

"Se necesita una iniciativa global del Gobierno central en colaboración con las CC.AA. que cree un sistema que mantenga un stock regular de viviendas disponibles para los más vulnerables. No se puede dejar eso al mercado, el mercado puede colapsar, pero eso no va a ayudar a los más pobres".

Kothari considera que la crisis de la vivienda es estatal y que la causa principal de ello es haber tratado el alojamiento como un bien de consumo. "Hay razones para que exista esa crisis, creo que la primera y la más importante es que en las últimas décadas la vivienda ha sido tratada en las políticas públicas como un bien de consumo". dijo.

"La pregunta es por qué el Gobierno no ha intervenido antes en el mercado para bajar la especulación, para controlar el poder de los promotores y de los bancos, para dejar claro que no estamos hablando de un producto sino de un derecho social que está reconocido en la Constitución", agregó.

El informe indica que el Estado ha experimentado uno de los mayores incrementos en los precios de las viviendas de los años recientes, y que durante los últimos cinco han aumentado un 10% de media anual. "En Madrid y Barcelona los precios se incrementaron más del 100% entre 1997 y el 2007", agrega.

La corrupción es otro de los elementos a erradicar, según la ONU: "En 2006, 15 de los 24 quejas por abuso de desarrollo urbano que recibió la UE provinieron de España".
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