BILBAO. Los hipotéticos intentos de la eléctrica pública francesa EDF de entrar en Iberdrola de forma hostil se han encontrado con un nuevo obstáculo de nivel, esta vez en forma de medidas cautelares judiciales. El Juzgado de lo Mercantil de Bilbao número 2 ha dictado un auto por el que insta a EDF a comunicar de forma pública en un plazo de cinco días sus intenciones en relación a Iberdrola por considera que la compañía francesa incurre en competencia desleal.
El Juzgado ha aceptado las tesis presentadas por Iberdrola, elaborada bajo la dirección del prestigioso abogado Mario Fernández, ex vicelehendakari del Gobierno vasco, y concede las medidas cautelares solicitadas por la compañía vasca presidida por Ignacio Galán el pasado 17 de marzo de 2008 frente a EDF.
Al mismo tiempo, Iberdrola ha recurrido ante el Ministerio de Industria la decisión de la CNE de desestimar la petición de la eléctrica en relación a su accionista ACS -accionista de referencia de Fenosa- de que se limiten al 3% los derechos de voto en su capital, y de que se le impida poseer más del 10% del mismo.
La irrupción de la justicia española en caso de ser desatendida por EDF le generaría un problema de primer orden en el momento de que decidiese operar en el Estado.
La solicitud de Iberdrola ante el Juzgado se basa en la comisión por EDF de un acto de competencia desleal y, en particular, de un acto de obstaculización desleal, con grave perturbación y daño para el normal desarrollo de la actividad de Iberdrola, para su imagen y para su reputación en los mercados.
El Juzgado concede las medidas cautelares sin dar audiencia, al entender que la ambigüedad y confusión generada por la desinformación e información contradictoria sobre el acceso al control del capital de Iberdrola por EDF obstaculiza la operativa normal de Iberdrola. No hay que olvidar que la eléctrica vasca no ha podido cerrar la compra de Energy East en EE.UU. porque la administración norteamericana quiere saber primero si el control de la compañía va a seguir siendo el actual o el de otro accionista, en referencia a EDF.
La solicitud de medidas cautelares por parte de Iberdrola busca defender los intereses de los accionistas minoritarios, según el escrito de Iberdrola, de la compañía, que se verían seriamente perjudicados en caso de que la eléctrica gala lograra el control de Iberdrola mediante una toma de una participación limitada, sola o en concierto con terceros.
Iberdrola había remitido a EDF en su día, sin recibir acuse de recibo, la solicitud de medidas cautelares ante los juzgados, así como a los organismo reguladores pertinentes.
En el auto, el Juzgado entiende que si esta situación persevera hasta la resolución judicial definitiva de la demanda que formule Iberdrola se mantendrá la situación desleal, aumentarán los efectos perjudiciales tanto para Iberdrola como para sus accionistas e inversores con lo que los perjuicios ocasionados serán irreversibles.
El Juzgado estima que la conducta de EDF obstaculiza el proyecto empresarial de Iberdrola, conducta que viola las exigencias objetivas de la buena fe entre competidores.
Por ello, ordena a EDF que en el plazo de cinco días comunique mediante publicidad en los dos diarios de mayor difusión del Estado así como en Expansión, Financial Times y Wall Street Journal: "Si ha iniciado o está preparando, la adquisición del negocio de Iberdrola por medio de la compra de acciones de Iberdrola, de valores canjeables o convertibles en dichas acciones o de la contratación de derivados cuyo activo subyacente sean tales acciones; si está efectuando o, en su caso, está preparando, la adquisición del negocio de Iberdrola por sí sola o de manera concertada con terceros con indicación de la identidad de esos terceros; si el objetivo de la adquisición en marcha o, en su caso, de la intención de acometerla, es el desmembramiento o reparto de los activos de Iberdrola". |
