 |
 |
|
|
 |
Manifestación y 'cacerolada' frente a la presidencial Casa Rosada argentina. Foto: afp |
|
|
|
La política agrícola de Kichner da pie a su primera gran crisis en Argentina
|
|
El aumento de impuestos a las exportaciones agropecuarias, en el origen de la grave situación.
|
|
|
Mar Marín
|
|
buenos aires. Un día después del primer cacerolazo popular contra la presidenta argentina, Cristina Fernández, el Gobierno se muestra decidido a mantener su negativa a negociar con los productores agropecuarios, que han agudizado el bloqueo del transporte de alimentos en el interior del país.
La huelga del campo, que entró ayer en su catorce jornada de protesta contra el aumento de los impuestos a las exportaciones, se convirtió la noche del martes en detonante de la expresión del malestar en las grandes ciudades, donde miles de personas se lanzaron a las calles para secundar un cacerolazo contra la presidenta.
Pero ni la reacción popular ni los llamamientos al diálogo de dirigentes peronistas provinciales, opositores e Iglesia parecen haber hecho mella en la posición del Gobierno, que insistió ayer en mantenerse firme frente a las demandas de los productores agropecuarios para que se revoque la subida de impuestos.
Tampoco las patronales agropecuarias se muestran dispuestas a ceder sino que, muy al contrario, han reforzado los bloqueos en las carreteras, en los que participan miles de productores, y han reafirmado su intención de mantener el paro indefinidamente.
Su objetivo es frenar el transporte de alimentos básicos y empiezan a lograrlo, a juzgar por el desabastecimiento de carne, pollo y leche, entre otros productos, que empieza a dejarse sentir en algunas grandes ciudades, incluida Buenos Aires.
Las federaciones agrarias han convocado marchas multitudinarias para las próximas jornadas en Córdoba (centro), mientras se mantienen bloqueadas carreteras en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y en la ruta 14 en Gualeguaychú, en la frontera con Uruguay, una de las principales vías de transporte entre los socios de Mercosur.
"Se buscará la vuelta para liberar los caminos y permitir que los artículos lleguen a los lugares de consumo", advirtió ayer el ministro de Justicia, Aníbal Fernández.
"Si no se mueven de las rutas, los moveremos nosotros. Quien no entienda esas razones irá preso", insistió.
"Las medidas no se van a cambiar", afirmó tajante el ministro de Economía, Martín Lousteau, principal impulsor del aumento impositivo que ha levantado al campo en contra del Gobierno y quien, según los analistas locales, afronta un futuro incierto en el gabinete.
Enfrentamiento Muy lejos de la conciliación, el peronista Luis D'Elía, líder de uno de los grupos de choque oficialistas que el martes desalojaron violentamente a miles de manifestantes concentrados en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, convocó ayer a los movimientos sociales del país a unirse para defender al Gobierno de Cristina Fernández.
"Estamos en estado de alerta y movilización y vamos a defender al gobierno nacional y popular en todos los lugares de la Argentina", afirmó D'Elía en declaraciones a radio Mitre.
Pero no todos pierden en este conflicto, como reconoció Osvaldo Riopedre, directivo de la Asociación de Defensa del Consumidor y Usuarios (ADECUA), quien denunció que existe "un abuso de algunos empresarios y comerciantes que aprovechan para subir injustificadamente los precios" y retienen mercancías. |
|
|
|
|
|
|
