gasteiz. El Departamento de Justicia del Gobierno vasco mantuvo el pasado miércoles un encuentro con los ayuntamientos vascos más importantes para instarles a que investiguen alrededor de 1.500 posibles casos de fraude en el cobro de la renta básica. Esta bolsa es sólo una pequeña parte del "riesgo de fraude" detectado entre los beneficiarios de estas ayudas que perciben cerca de treinta mil personas. Los técnicos de la consejería que dirige Joseba Azkarraga han realizado un estudio sobre el perfil de los perceptores de estos subsidios, y de la muestra analizada, de 2.501 personas, no se pudo localizar a un 5%, esas 1.500 personas que sigue cobrando cada mes. Otro 8,5%, unos 2.500 de los 30.000 perceptores de la renta básica, estaba ausente de su domicilio, pero en muchos casos se encontraban atendiendo a familiares dependientes o asistidos en otro domicilio por alguna discapacidad propia.
Azkarraga alertó ayer sobre la intención del departamento de afrontar estas situaciones de riesgo de fraude. "Se han hecho todos los esfuerzos posibles, cartas, avisos en el buzón, llamadas de teléfono, si hubieran dejado de cobrar la prestación, como ha ocurrido con cuatro de cada nueve, no sucedería nada.
Sin embargo, los otros casos demuestran que algunos servicios sociales de base no realizan una adecuada labor de seguimiento y control, tanto de las personas perceptoras, como de las propias ayudas", afirmó.
investigar cada caso Según el consejero, "estas irregularidades están siendo analizadas de forma pormenorizada", y ya se ha comunicado a los ayuntamientos la necesidad de investigar os casos y, si se confirma el fraude, se apercibirá al infractor e incluso se le suspenderá cautelarmente la prestación. El Departamento, además, invierte 5,6 millones de euros al año en aportar técnicos a los servicios de base municipales para controlar a los perceptores.
En cualquier caso, tal y como se apuntó ayer, no es lo mismo detectar casos de fraude en un municipio pequeño que en el Gran Bilbao, donde percibe la renta básica un 2,5% de la población.
Una medida que se incluirá en la modificación de la Ley contra la Exclusión, y que en Gasteiz ya se ha aplicado, es la suspensión de las ayudas a aquellos perceptores que rechacen un trabajo adecuado. En todo caso, desde el Departamento se insistió en que en estas situaciones, especialmente las de los perceptores en ausencia prolongada, no se podrá hablar de fraude hasta que este no se pruebe, pues se puede tratar de ausencias justificadas.
El caso de los ilocalizados es sin duda el que más hace sospechar a los técnicos, aunque también existen casos de traslado a otros puntos de la Comunidad Autónoma Vasca. Por ello, las actuaciones anunciadas ayer se definieron como un "toque de atención" a posibles infractores. De todos modos, los datos generales dejan patente que la mayoría de los perceptores actúan de forma honesta. De hecho, un 30% de los beneficiarios en condiciones de trabajar (menores de 55 años) dejaron de cobrar la Renta Básica el año pasado, al igual que el 20% de los mayores de 55 años, un sector con problemas para insertarse en el mercado de trabajo. |
