Gasteiz. Dos años, tres meses y cinco días. Desde que la Ley Antitabaco irrumpiera envuelta en polémica en el panorama estatal, han transcurrido más de dos ejercicios en los que las denuncias por vulneración de la normativa se han acumulado en los cajones de las distintas instituciones públicas de la CAV sin que, por el momento, nadie se haya atrevido a meterles mano. Ayer, 825 días después de que entrara en vigor la ley que encolerizó a hosteleros y fumadores, los representantes del Gobierno vasco y de la Asociación de Municipios Vascos, Eudel, mantuvieron una reunión para "desbloquear" la situación, rescatar la normativa del limbo legal en el que deambula y negociar su aplicación a corto plazo en Euskadi. El consejero vasco de Asuntos Sociales planteó a Eudel la posibilidad de gestionar de forma conjunta la tramitación de los expedientes y de las sanciones y, ahora, queda en manos de Eudel recoger el guante lanzado por Lakua.
La ley 28/2005 de 26 de diciembre de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, conocida popularmente como la Ley Antitabaco, ha representado desde su aprobación una auténtica patata caliente para la Administración vasca. Sólo la buena voluntad de los ciudadanos de la CAV y el sentido común de los hosteleros y empresarios ha conseguido que su absoluta falta de puesta en práctica no haya desembocado en problemas.
Ayer, el consejero vasco de Asuntos Sociales, Javier Madrazo, acudió acompañado de su segundo en el Departamento, Fernando Consuegra, a la sede del Gobierno vasco en la Gran Vía de Bilbao para entrevistarse a primera hora de la tarde con Jokin Bildarratz y Mar Zabala, presidente y directora de Eudel, respectivamente. En su ánimo, poner sobre la mesa un pacto para reactivar la polémica normativa que mantiene enfrentados desde hace dos años a los dos bandos de la Administración.
Tradicionalmente, Lakua había insistido en que la medida debía ser aplicada por los consistorios y éstos contraatacaban reclamando más recursos, fundamentalmente económicos. Una meta difícil de lograr por la complicación que representa establecer qué cantidad de dinero se debe destinar y si ha de dirigirse a todos los ayuntamientos o sólo a las tres capitales vascas que concentran la mayor parte de las denuncias.
Durante la reunión, ambas partes reconocieron que ha llegado un punto en el que la situación de bloqueo de la ley resulta insostenible y convinieron en la necesidad de aunar fuerzas no sólo para posibilitar su aplicación efectiva, sino también para desarrollar campañas preventivas. Eudel debe responder ahora si camina de la mano del Ejecutivo y juntos posibilitan la aplicación en Euskadi de la normativa. |
