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06-04-2008
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Un hombre contra un banco
La pérdida de 13.900 euros en unos productos de inversión contratados por un cliente en el BBVA tras la existencia de unos "errores de gestión" enfrenta desde hace dos años a un vecino de Barakaldo con la entidad financiera, que no le compensa.
DURANTE la pasada Semana Santa los vecinos de Bilbao y los visitantes que se acercaron hasta la capital vizcaina pudieron ver paseando por el centro de la ciudad a un hombre encartelado que con su solitaria y personal protesta pretendía denunciar lo que él considera actuación irregular de un banco. Este hombre, que se llama Manuel Sánchez y es vecino de Barakaldo, ha decidido sacar su problema personal a la calle y "hacer ruido" porque por los cauces institucionales parece haber llegado a un punto muerto en el que hay el reconocimiento de un error, pero no una satisfacción o una compensación de las pérdidas que denuncia. La batalla personal de Manuel Sánchez contra el BBVA dura ya más de dos años y ha conseguido implicar en ella al Ararteko, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Comisión Europea, entre otras instituciones.

El caso de Manuel, que decidió recurrir a la protesta callejera y a los medios de comunicación porque no está conforme con la compensación que le ofrecía el banco, podría ser precisamente una de las situaciones que pretende evitar la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros -conocida como MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)-. Manuel Sánchez explicó a DEIA que el BBVA ha reconocido "errores de gestión" en unos productos de inversión que él contrató y que le ocasionaron pérdidas superiores a los 13.900 euros. Las pérdidas, según su versión, son achacables, entre otras cosas, a la falta de información acerca de las características de inversión y de las rentabilidades negativas que se iban produciendo en los fondos y planes de previsión que Manuel había contratado, al parecer, sin las suficientes explicaciones. En su día el Defensor del Cliente del BBVA reconoció que los documentos utilizados no fueron los apropiados y que la formalización de las operaciones no respondió a los niveles de claridad y exactitud exigibles, pero consideró también que este error es meramente burocrático e insiste en que no guarda relación con las pérdidas que sufrieron los fondos de Manuel Sánchez. Así, mientras el cliente considera que la CNMV también reconoce que el banco cometió un error, la versión de la entidad es completamente distinta porque la CNMV indica en su pronunciamiento al respecto que el "defecto de forma" detectado en la gestión de los fondos de Manuel "no limita el carácter firme de los efectos contratados".

El de Manuel podría ser, a simple vista, un caso evidente de desajuste entre el nivel de conocimiento y riesgo del inversor y el de los productos financieros que su banco le vendió, pues el cliente -Manuel Sánchez en este caso- argumenta que ni conocía el riesgo de los fondos que contrató, ni podía asumir las pérdidas a las que se exponía con ellos. El banco, naturalmente, opina lo contrario. De hecho, Manuel Sánchez firmó todos los documentos relacionados con los productos de inversión contratados, fue informado de su evolución, solicitó una cancelación y un traspaso de fondos, operaciones de las que también se le informó, y mantuvo alguno de estos productos durante bastante tiempo.

Pero hay una evidente divergencia entre la percepción que el cliente del banco tiene de su nivel de información financiera y el cumplimiento de las obligaciones formales por parte de la entidad. Ahora esto no podría pasar... al menos en teoría.

Desde la puesta en marcha de la Directiva MiFID, las entidades que presten servicios de inversión tendrán que asegurarse de que sus clientes cuentan con todas las claves e información necesarias para contratar productos y servicios y para ello les realizará un test de idoneidad, que incluye indagaciones sobre la experiencia previa con los productos solicitados, acerca de la situación financiera del cliente y de los objetivos de inversión, es decir, lo que se pretende ganar y lo que se está dispuesto a perder.

La cuestión es saber si con la MiFID el caso de Manuel Sánchez se podría haber producido.

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