DONOSTIA. Julen Larrinaga, imputado como coordinador de Gestoras en Bizkaia, enmarca el proceso en el "nuevo ciclo de represión anunciado por el ministro del Interior" en funciones, Alfredo Pérez Rubalcaba.

¿Se enfrenta Gestoras a un nuevo macrojuicio contra la izquierda abertzale con final previsible?

El objetivo de este juicio, como los que se han celebrado y los que están por venir, es sacar del mapa político a la izquierda abertzale. Se busca la muerte civil de este sector. Y es una estrategia de criminalización que empieza a afectar a la periferia, como lo demuestra el juicio contra el lehendakari. Se pone en la diana al sector civil de la izquierda aber-tzale, pero la diana se va ampliando en círculos concéntricos.

Ahora es el turno de Gestoras.

El Estado español busca acabar con nosotros para asegurarse la impunidad en la represión, ante el ciclo largo de violencia que se avecina, según viene anunciando el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Nosotros lo traducimos como un ciclo largo de represión. El Movimiento pro Amnistía es un testigo molesto, con una trayectoria de 30 años en la que venimos denunciando la situación de los represaliados políticos, la guerra sucia, las políticas de tirar a matar del Estado, las torturas o la limitación de libertades democráticas. Somos la constatación de que el Estado ha utilizado todos los tipos de violencia y represión.

El colectivo actual de presos vascos es más amplio y heterogéneo que nunca. ¿Le resulta a Gestoras difícil ofrecerles un soporte? ¿Es complicado mantener la unidad?

Dentro de las estrategias represivas del Estado, un objetivo histórico ha sido la destrucción del colectivo de presos y presas políticos vascos. El Estado español y el francés pretenden suprimir todas las opciones de solidaridad con los reclusos. Pero se equivocan si creen que actuando contra una serie de siglas acaban con el Movimiento pro Amnistía, conformado por decenas de miles de personas que han sufrido represalias en primera persona o en su entorno más cercano, y que existen estén o no detrás de ellos Askatasuna, Etxerat o Senideak. Mediante la ilegalización nos quieren esconder debajo de una alfombra, pero es imposible.

¿Cómo se desarrolla en las cárceles el debate entre los diferentes sectores que integran el colectivo?

La forma que ha ido tomando la represión ha propiciado un grupo muy heterogéneo. Hace 15 años sólo había presos por integración o colaboración con ETA, pero en los últimos tiempos se han visto en prisión sectores muy diversos sin ningún tipo de relación orgánica con ETA. En el debate se tiene en cuenta esa característica propia y cada sector realiza sus propios análisis.

¿El debate interno está en plena ebullición, en un momento en el que coinciden en las cárceles la Mesa Nacional de Batasuna casi en pleno, los condenados del 18/98, el frente juvenil y los presos de ETA? ¿Existen grandes divergencias?

La agudización del conflicto tras un proceso de negociación fallido es un contexto propicio para la ebullición de ideas y opiniones. Desde fuera lo respetamos. No tememos las divergencias. Es una ebullición que también se da fuera de las prisiones, en un momento en que se intenta poner en marcha nuevas líneas políticas.

¿La salida de 'Txelis' y Pikabea del colectivo de presos muestra una corriente de desmarque de ETA?

Cada preso es libre de tener sus propias reflexiones políticas. Si creen necesario emprender un nuevo camino fuera del colectivo, no hay nada que decir. Simplemente agradecer los años que han pertenecido a él y han realizado aportaciones. Yo no hablaría de que Txelis y Pikabea sean representativos de una corriente, sino fruto de un proceso de reflexión muy difícil de llevar adelante teniendo en cuenta que el colectivo se encuentra disperso en 80 cárceles. Los debates duran meses y las conclusiones pueden ser diferentes. No hay una línea monolítica.

¿Les consta que el Estado puede estar ofreciendo salidas individuales a ciertos presos, como denunció el colectivo tras la posición adoptada por 'Txelis' y Pikabea?

No tenemos constancia de que se haga ahora, pero sí se hizo en el pasado, cuando se impulsó a tope la dispersión. Esas políticas fracasaron de manera rotunda. Nos consta la intención de Rubalcaba de someter a presos referenciales a situación de aislamiento para intentar romper a esas personas y aprovechar su debilidad. El colectivo responderá de manera conjunta a ese chantaje.

¿Es cierto que los presos se sintieron marginados por la posición adoptada por la izquierda abertzale en el último proceso de paz?

Es totalmente falso. El propio colectivo emitió a finales de 2006 un comunicado en el que decía que por encima de la situación de los represaliados políticos estaba la propia resolución del conflicto en términos de reconocimiento del derecho a decidir y la territorialidad.

¿Tienen esperanza de que el tema de los presos se retome?

El Estado está dejando claro que no hay posibilidades de abrir un nuevo proceso. El tema de los presos es un problema sensible, como Nafarroa lo es a nivel territorial. Son las dos líneas rojas, dos cuestiones que el Estado se niega a abordar.

¿Cómo interpretan la salida de Juan Mari Olano de la cárcel a escasas semanas del juicio?

La detención de Juan Mari Olano fue una emboscada en toda regla, una decisión política. Olano es una figura a la que tratan de demonizar continuamente, hablando que representa el ala dura, diciendo que fue "la Batasuna de Olano" la que se cargó el proceso. Entendemos que la situación de aislamiento a la que se le ha sometido estos seis meses en la prisión de Segovia se aplicó para que no influyera en el colectivo. Que ahora salga en libertad bajo fianza, cuando nunca debería haber sido encarcelado, es una contradicción más del sistema.

¿Se ha endurecido la situación en las cárceles tras el fin del proceso?

El inicio del proceso vino marcado por la implantación de la doctrina Parot. Hay 30 presos que tras cumplir una pena de 20 años ya tenían una fecha de salida y se ha ordenado que reingresen en prisión para cumplir 30 años. Existe una bolsa de cien reclusos a los que seguramente se les irá aplicando gradualmente esta cadena perpetua encubierta. Si a esto se añade que durante la negociación no se tomó ninguna medida contra la dispersión, podemos decir que la situación ha empeorado, es catastrófica.

Por el juicio contra Gestoras pasarán muchas caras conocidas, como las de Setién, Egibar o Elorza. ¿Por qué ha seleccionado su defensa este tipo de testigos?

Son la evidencia del trabajo político normalizado que ha llevado a cabo Gestoras, que ha mantenido contacto con representantes políticos y sociales y ha sacado adelante mociones de apoyo a los presos en ayuntamientos y en parlamentos.

Denuncian el ciclo "represivo" anunciado por Rubalcaba, pero ETA también ha declarado esta misma semana que no se quedará de "brazos cruzados"…

ETA da una respuesta armada al ciclo de violencia anunciado por el Ministerio del Interior y ante lo que considera una situación de negación de derechos e imposición política. La diferencia con Rubalcaba es que no habla de plazos largos ni cortos.

¿Cómo valora que ETA concrete su amenaza en la militancia socialista?

No es una novedad. Hace años que ETA declaró abierto el frente de acciones armadas contra políticos.

La consecuencia directa es que el PNV pedirá la dimisión de los ediles de ANV…

Forma parte de la reactivación al más alto nivel de los instrumentos represivos. Nos parece obsceno el giro dado por el PNV, con un primer posicionamiento en el que se mostró partidario de no aplicar recetas del pasado, para luego sumarse a la corriente de persecución de la izquierda abertzale.