Madrid/Bilbao. El Poder Judicial abrió ayer un expediente por una falta muy grave de desatención a Rafael Tirado, el juez de Sevilla que no ordenó ejecutar la sentencia que condenó por abusos a su hija al detenido por la muerte de Mari Luz Cortés, y pidió que se investigue a los funcionarios que intervinieron en la causa.
La Comisión Disciplinaria de CGPJ adoptó esta decisión, por unanimidad, en una reunión extraordinaria, según el portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Enrique López, quien recordó que Tirado se enfrenta a la posible sanción de suspensión de funciones de hasta tres años, el traslado forzoso o la separación de la carrera judicial.
Además la comisión acordó remitir estas actuaciones a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio de Justicia y a la Junta de Andalucía 'en orden a que valoren las conductas de los funcionarios intervinientes sometidos a su potestad disciplinaria'.
Se ha nombrado instructor para la tramitación del expediente a Tirado al presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Wenceslao Olea.
El trámite ahora es que el instructor escuchará de nuevo al juez y finalmente tendrá que realizar, antes de seis meses, una propuesta de sanción. Según la LOPJ, para las faltas muy graves es el pleno del CGPJ el competente para imponer una sanción, a propuesta de la Comisión Disciplinaria.
Mientras, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, defendió "la honorabilidad" de Rafael Tirado, y consideró que las investigaciones demostrarán que el magistrado "no incurrió en dejadez grave ni desidia reprochable" que pueda conllevar una sanción "de naturaleza muy grave".
Manifestó que "de lo que se trata es de que la investigación que, a raíz de la incoación de este expediente tiene necesariamente que llevar a cabo el CGPJ, sea completa, profunda y exhaustiva", y precisó que "Tirado goza, como ciudadano y como juez, del derecho a la presunción de inocencia. Lo que no cabe hacer es responsabilizarle, poniendo en duda su honorabilidad y su dedicación, cualificación y quehacer profesional".
Archivan las del resto de magistrados
La Comisión Disciplinaria del CGPJ también acordó archivar la investigación abierta al juez de la Audiencia de Sevilla Javier González, quien tardó tres años en confirmar la sentencia que condenaba a Del Valle, por estimarse prescrita la posible responsabilidad disciplinaria en que hubiera podido incurrir. Asimismo archivó la información previa abierta a la magistrada del Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla, Esperanza Jiménez, "por entender que no existe ningún tipo de responsabilidad en su actuación". Igualmente la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial acordó archivar la investigación abierta a los juzgados de instrucción número 3 y 4 de Gijón en relación a la causa abierta contra Santiago del Valle por coacciones a una menor en Gijón. Considera que la actuación de ambos juzgados asturianos ha sido "correcta". En este sentido, la inspección recordó que "ni el Ministerio Público ni la acusación particular solicitaron la prisión provisional del imputado". También consta que "el referido imputado no quebrantó la orden de alejamiento adoptada originariamente por el juzgado de instrucción número 4 de Gijón". >Agencias |
