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Una mujer barre los cristales rotos por la onda expansiva de la bomba de Derio. Foto: oskar martínez |
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Los últimos atentados de ETA en núcleos urbanos han causado daños por 4,3 millones a 887 personas
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Los vecinos de Durango, Sestao, Balmaseda, Bergara, Derio y Calahorra tratan de pasar página.
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Unai Muñoz
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Bilbao. Detrás de las valoraciones políticas, de las condenas espontáneas y de los llamamientos a la unidad que brotan por cada esquina después de un atentado de ETA se esconde una realidad que se puede cuantificar. Es el precio de la sinrazón. Los vecinos de Durango, Sestao, Balmaseda, Bergara, Derio y Calahorra han padecido en los últimos meses las consecuencias de los artefactos explosivos colocados por la organización armada, que, desde que anunciara la ruptura del alto el fuego permanente, ha causado daños materiales a casi un millar de ciudadanos de a pie, sin contar los registrados en los repetidores de televisión y telefonía de Arnotegi, en febrero, y Lapoblación, el pasado sábado. Frente a los cuarteles de la Guardia Civil, los juzgados de guardia y las casas del pueblo que quedaron destrozadas en cada acción, aparecen damnificados anónimos.
Según datos facilitados a DEIA por el Consorcio de Compensación de Seguros -entidad pública, adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda, encargada de tramitar las ayudas relacionadas con los actos terroristas-, un total de 887 personas -sumando las demandas de 261 vecinos de Calahorra que restan por tramitar- han presentado un expediente por daños en sus hogares o negocios en los últimos seis atentados registrados en núcleos urbanos, destrozos que ascienden a 4,3 millones de euros -contando el millón y setecientos mil euros que se prevé abonar en la localidad riojana tras revisar los expedientes-, según la misma fuente, aunque, hasta la fecha, el Consorcio de Compensación de Seguros únicamente ha adelantado 700.000 euros a los afectados. La desinformación de los afectados, la burocracia y los expedientes pendientes dificultan el pago de las indemnizaciones.
Casa cuartel de Durango
Primer atentado tras la tregua
Una furgoneta cargada con entre ochenta y cien kilos de explosivo destrozaba en la madrugada del 24 de agosto del año pasado la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Durango. La explosión fue de tal envergadura que los cristales y los trozos de pared y chapa invadieron toda la calle Urkiagatorre. Era el primer atentado de relevancia de la organización armada tras su anuncio de ruptura del alto el fuego permanente. Pese a la magnitud de la deflagración no se tuvieron que lamentar daños físicos -sólo dos agentes sufrieron heridas leves-, aunque esa misma mañana, en pleno día grande de la Aste Nagusia bilbaina, los aledaños de la sede del Instituto Armado parecían un campo de batalla. Ocho meses después de la explosión, la zona ha recuperado la normalidad. El lavado de cara ha costado 405.000 euros al Consorcio de Compensación de Seguros, que tuvo que tramitar los expedientes de 169 personas que presentaron la pertinente reclamación.
juzgado de paz de sestao
Las sedes judiciales en la diana
El 16 de diciembre del año pasado, un Sestao engalanado con las luces navideñas vivió una pesadilla por unas horas. Por suerte, el artefacto compuesto de unos cinco kilogramos de explosivo que ETA colocó en la entrada del Juzgado de Paz de la localidad no ocasionó heridas de consideración a nadie. El objetivo elegido por la organización armada se repetirá meses después, con el ataque al juzgado de Bergara. La Audiencia Nacional es la que trata temas de terrorismo, aunque los miembros de ETA ponen en su diana a los juzgados de paz, objetivos más fáciles.
La deflagración pilló por sorpresa a los vecinos que vivían frente al edificio sestaoarra, y al día siguiente empezaron a desfilar por la oficina de atención a las víctimas habilitada para presentar sus demandas y preguntas y tratar de averiguar quién corre con los gastos. Los afectados, un total de 34 personas, se encuentran, como suele ser habitual en los casos de terrorismo, con que algunos seguros no se hacen cargo de los arreglos, por lo que tienen que esperar a que los peritos del Consorcio de Compensación de Seguros calibren la cuantía de los daños sufridos. Hay vecinos que piensan que por una ventana rota que cuesta cincuenta euros arreglarla no les merece la pena tanto papeleo, aunque tras las inspecciones pertinentes las indemnizaciones ascienden a más de 62.000 euros.
casa del pueblo de balmaseda
Navidad rota
El mejor ejemplo del desconcierto que genera ETA después de cada atentado es el que vivieron una treintena de familias en Balmaseda. En plena Nochebuena, con las cocinas a pleno rendimiento y las mesas engalanadas para la ocasión, la sinrazón de la organización armada pasó por la villa encartada. A la hora en la que el monarca español pedía en su tradicional discurso de Navidad unidad a todos los partidos políticos en la lucha contra el terrorismo, una bomba arrasaba una de las casas del pueblo que el Partido Socialista tiene en la localidad. El impacto fue brutal y los destrozos, considerables. La noche se acabó para muchos. Aunque pudo ser peor, ya que el comunicante que avisó a SOS Deiak de la colocación del artefacto no precisó -porque no sabía o no quería- que en Balmaseda existen dos sedes sociales del PSE: la histórica, algo alejada del centro, donde estalló la bomba, y otra en pleno casco antiguo.
Quince familias tuvieron que pasar los siguientes días lejos de sus hogares. Cristales rotos, ventanas desencajadas y grietas en las paredes. Éste era el panorama de los números 16, 18 y 20 de la calle Estación de Balmaseda. Una triste realidad que se repite después de cada atentado, aunque el llevado a cabo en la localidad de Enkarterri era el primero que ponía en alerta a los socialistas vascos. ETA les tenía entre ceja y ceja y, por desgracia, éste no iba a ser el último ataque que iban a padecer.
En total, 34 personas solicitaron indemnizaciones por un montante de 218.000 euros. Como anécdota macabra cabe destacar que un mes después del atentado, el principal bloque de pisos afectado por la onda expansiva sufrió un incendio que acabó por rematar los ánimos de los vecinos.
Juzgado de paz de bergara
Atentado en territorio ANV
Otra vez un juzgado de paz vuelve a ser el objetivo elegido por ETA. Esta vez le toca al de la localidad guipuzcoana de Bergara. Quince kilogramos de un explosivo muy potente destrozan en la noche del 8 de febrero la sede judicial y causan cuantiosos daños materiales en los comercios adyacentes, así como en varios coches estacionados en las inmediaciones.
Los importantes daños causados por la deflagración apuntan a que la organización armada utiliza por primera vez amonitol, el nuevo y potente explosivo con el que cuentan los activistas. Las fuerzas de seguridad sospechan que el grupo violento pudo estrenar con éxito este nuevo material en el atentado contra el juzgado, el primero que realizaba en 2008. Mientras fuentes cercanas al Ministerio del Interior español lo dan por seguro, la Er-tzaintza tira de cautela.
Por suerte, a diferencia de lo ocurrido en el Juzgado de Paz de Sestao, el servicio de seguridad de la sede de Bergara funciona perfectamente. Gracias a la diligencia de la vigilante privada, la Ertzaintza se puso en acción antes incluso de que ETA avisara oficialmente de la colocación del artefacto. Aunque la explosión no se pudo evitar. Tras la deflagración, un panorama bien conocido: cristales por los suelos, chatarra en la calzada y caras de incredulidad. El atentado se traduce en 33 expedientes registrados que en conjunto suman más de 127.000 euros en indemnizaciones.
Casa del pueblo de derio
Irrupción electoral
Otra vez una sede socialista salta por los aires. Tras la de Balmaseda, esta vez le toca sufrir los estragos de un atentado a la casa del pueblo de Derio. El 29 de febrero, en plena campaña electoral, ETA realiza su peculiar propaganda destrozando la sede social del PSE en esta localidad. Los socialistas fueron uno de los objetivos principales de la banda en las semanas previas a las elecciones generales. Seis días antes, la organización armada ya se había dejado notar colocando una bomba trampa en un repetidor del monte Arnotegi, aunque la explosión en la localidad deriotarra -por lo simbólico del objetivo elegido por el grupo violento- salta a la primera plana de la agenda política.
La cita con las urnas está cerca y ETA quiere desestabilizar la balanza. Una llamada en nombre de la organización armada alerta poco antes de la medianoche de la colocación de dos bolsas con explosivos en la entrada de la sede de los socialistas -ubicada en la calle Gernikako Arbola- que estallaron a la una de la madrugada sin provocar heridos. Eso sí, 48 viviendas tuvieron que ser desalojadas por unas horas y los vecinos se afanaron para que sus hogares recuperaran la normalidad tras la irrupción nocturna de los violentos. Un total de 17 personas presentaron demandas de indemnización y el Consorcio de Compensación de Seguros calcula que tendrá que abonar alrededor de 77.000 euros a los damnificados.
Casa Cuartel de calahorra
Récord de indemnizaciones
ETA recuperó el pasado 21 de marzo el coche bomba. El lugar elegido fue la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Calahorra. Y el resultado no pudo ser peor. En pleno Viernes Santo, con la Semana Santa en sus primeros coletazos, la explosión provoca un panorama desalentador. Sin víctimas mortales ni heridos de consideración, los daños son materiales. 350 viviendas afectadas en mayor o menor medida, cien locales y 51 vehículos sacudidos por la onda expansiva.
Durante unos días el lugar de la explosión es punto de visita obligada para muchos curiosos, que comprueban en directo la magnitud de los daños materiales en decenas de pisos y comercios, cuyos propietarios se afanan en retirar escombros y recoger los artículos no defectuosos, antes de cerrarlos provisionalmente. Es el atentado más virulento desde el que destrozó uno de los aparcamientos de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, y las reclamaciones no se hacen esperar.
Al cierre de esta edición, el Consorcio de Compensación de Seguros había registrado 339 expedientes por un importe de 1,7 millones de euros, aunque la administración pública estima que llegará a las 600 reclamaciones por un montante que puede alcanzar los 3,5 millones de euros. Cuatro inmuebles de la localidad riojana siguen desalojados y sus inquilinos permanecen en casas de alquiler o en hoteles. Hechos que demuestran que la violencia de la organización armada no es, ni mucho menos, gratuita. |
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