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Felipe Ampudia, líder de Sintrabi, y Rafael Puntonet. Fotos: deia |
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El veto unánime de los camioneros rubrica el fracaso del plan de liberalización del Puerto
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Sintrabi rechaza los incentivos para abrir el mercado y se muestra tajante en la defensa de la contingentación.
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Ibai Cereijo
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bilbao. Después de tres años de negociaciones, el proceso de liberalización del Puerto de Bilbao ha certificado su fracaso. El plan impulsado por el Gobierno vasco y la Autoridad Portuaria recibió ayer el tiro de gracia a manos de Sintrabi. El principal sindicato de autónomos del recinto se mantiene tajante en la defensa del cártel del transporte por carretera y asegura que "ni por el forro" piensa aceptar la propuesta de las instituciones. El otro colectivo del sector, Egas, ya había expresado un no rotundo a desmantelar el sistema actual.
De poco ha servido que la Administración haya rectificado el que había sido su mensaje durante años: no pagar "ni un duro" por las plazas ilegales con las que los autónomos accedían al reparto de trabajo en los muelles. En vista de que un mero ejercicio de persuasión sin dinero de por medio resultaba estéril, el Departamento vasco de Transportes y la Autoridad Portuaria habían perfilado un plan de incentivos que contempla una prima de 25.000 euros para cada autónomo que abandonase el cártel. El presupuesto total de la iniciativa ascendía a más de 19 millones de euros.
Los líderes de Sintrabi ofrecieron ayer una rueda de prensa para no dejar ni una duda de que no se adherirán al plan. Su secretario general, Felipe Ampudia, afirmó que no se trata de una cuestión de cantidades. Bien es cierto que la oferta había sido tachada de "ridícula" en los círculos portuarios, ya que dista mucho de los 85.000 euros que llegan a abonar los chóferes para comprar la plaza a los compañeros que se jubilan o cambian de ocupación. Pero sus críticas se dirigen a la misma esencia del planteamiento.
defensa del autónomo El Gobierno vasco pretende resolver el problema integrando a los trabajadores por cuenta propia en empresas, donde se convertirían en asalariados. También ha apoyado varios procesos de integración de compañías comercializadoras -las que intermedian entre el cargador y el camión- para configurar un sector sólido y eficiente. El líder de Sintrabi desdeñó la validez de este esquema. A su juicio, se trata de una fórmula ideada para el lucro de estas firmas, cuyo fin último sería "la desaparición de los 1.200 autónomos" del Puerto.
"No son ni empresas ni son nada. Son agencias, y lo único que hacen es intermediar con un teléfono móvil. Ni por el forro nos vamos a integrar en unas agencias que nos roban un 15% [en comisiones] y nos manipulan a sus anchas", resumió Ampudia. De sus palabras se deduce los escasos progresos que ha aportado un proceso de diálogo puesto en marcha en 2005 para construir espacios entendimiento entre todos los agentes portuarios.
La secretaria técnica, Amaia Martínez, reiteró la vieja reivindicación de los camioneros de adquirir la consideración de servicio portuario específico. Este reconocimiento daría carta de naturaleza a un sistema de trabajo que, a su juicio, garantiza eficacia y calidad al transporte de mercancías, al tiempo que ataja abusos contra los profesionales.
Sintrabi no da por roto el diálogo con el comisionado Rafael Puntonet, el cargo designado por el Ejecutivo vasco para liderar la negociación. Martínez aprovechó para denunciar que la consejera de Transportes, Nuria López de Gereñu, tiene "abandonado" al sector. Y a pesar de que la relación parece irreconducible, opinó que es "factible" alcanzar puntos de encuentro. No aclaró en qué podrían consistir.
perseverar o cambiar El veto de Sintrabi y Egas deja escaso margen de maniobra al Gobierno vasco. Todas las concesiones que, dentro de la legalidad, tenía capacidad de hacer ya han sido puestas encima de la mesa. El resultado ha sido nulo. El Puerto ha gozado de un foro donde intercambiar su visión sobre los problemas del sector, pero poco más.
Por tanto, está por ver si a partir de ahora mantiene la misma estrategia o si recupera la idea de aplicar mano dura, una alternativa que hasta ahora ha tenido aparcada. Hace unos años, las instituciones barajaron una solución a las bravas, que incluía el despliegue de una policía específica en los muelles y la detención de la cúpula de Sintrabi. Sólo se llevó a efecto está última en una desastrosa operación de la Audiencia Nacional que quedó en papel mojado. |
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