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24-04-2008
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Félix Iriarte
DEsconozco los motivos que tiene Australia para estar a la vanguardia en la lucha antiterrorista. Pero, por las noticias que llegan, lo está. Temen que un ataque en toda regla contra la Bolsa o la red eléctrica cause un daño económico "mucho mayor que un atentado terrorista físico". Al menos ese es el argumento esgrimido por el fiscal general del Estado, Robert McClelland, para reformar la Ley que permita a las empresas de servicios críticos para la economía leer el correo electrónico de sus empleados. Los ciudadanos de a pie temen que la reforma no se limite a un determinado número de empresas estratégicas para el país, sino que se amplíe a otras muchas tomando por excusa el motivo más insospechado. La caza de brujas empresarial es algo más que una sospecha. Ya nadie se atreverá a escudarse en el anonimato del correo electrónico. Las cartas ya están boca arriba, la mordaza y la autocensura ganan terreno. Como en China. Allí las autoridades ni siquiera se sienten en la necesidad de reformar las leyes para poder vigilar los correos electrónicos. China, además de ser el país de los Juegos Olímpicos, es también el de la censura y la represión. Hablar de Tiananmen o citar a Amnistía Internacional puede costar caro, aunque sea por correo electrónico. Decenas de periodistas y escritores se encuentran entre rejas por atreverse a informar. Hay que andar mucho cuidado porque no se puede fiar ni de empresas que a priori poco tienen que ver con el gigante asiático. Shi Tao, por ejemplo, cumple 10 años de condena por haber enviado un mensaje electrónico sobre Tiananmen. Lo curioso es que fue la empresa Yahoo quien proporcionó sus datos de usuario a las autoridades chinas y que sirvieron para condenarlo. Así, para qué leyes.

firiarte@deia.com
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