donostia. El Movimiento Pro Amnistia animó ayer a la ciudadanía a movilizarse mañana contra "la sentencia ya escrita" del juicio a Gestoras Pro Amnistia y Askatasuna, que consideraron responde a una decisión política. A su juicio, la Audiencia Nacional no tiene legitimidad para juzgar y funciona "por impulso político, como un brazo más en la apuesta represiva del Estado español".
El representante de Askatasuna e imputado en el citado procesamiento, Julen Larrinaga, explicó en Donostia, acompañado de más de una decena de acusados en este caso, las razones que les han llevado a renunciar a la defensa jurídica, al tiempo que consideró que la AN "no tiene legitimidad, condiciona la vida política de este país y funciona por impulso político". De esta manera, Larrinaga aclaró que el Movimiento pro Amnistia tiene la convicción de que los derechos básicos, como el de reunión, asociación y movilización, "no se pueden fiscalizar en un tribunal especial". Por ello, abogó por dar un paso más y situar el debate en "la ilegalidad de la represión", no del movimiento o de Askatasuna.
A su juicio, renunciar a todo tipo de defensa jurídica en la Audiencia Nacional no significa que se vaya a renunciar a denunciar políticamente a ese tribunal y la "apuesta represiva que realiza el Estado en el marco del conflicto vasco contra Euskal Herria".
renuncia meditada En este sentido, Larrinaga insistió en que la determinación de renunciar a la defensa es muy meditada, ya que, según indicó, "hay que levantar un muro contra la represión y contra la misma Audiencia Nacional con pasos concretos". Asimismo, denunció que se han realizado muchas lecturas interesadas sobre esta decisión, la primera desde el propio Tribunal. Además, consideró bastante significativo que éste tenga que salir en defensa propia.
Larrinaga aclaró que Gestoras Pro Amnistia y Askatasuna llevarán sus propios testigos, entre los que se encontrarán "familiares de represaliados como testigos de la represión", para que certifiquen la denuncia que realizaron el lunes contra la Audiencia española. Por su parte, LAB anunció ayer que tomará parte en las movilizaciones de mañana porque la causa abierta por los tribunales españoles busca la "criminalización" de los encausados.
El juicio contra ambos colectivos comenzó el pasado lunes en la Casa de Campo de Madrid y es, tras el sumario del 18/98, el segundo macroproceso que tiene lugar contra el llamado "entorno de ETA". Un total de 27 personas se enfrentan a una petición de 10 años de cárcel acusadas de un delito de integración en organización terrorista. Entre los acusados se encuentran los dirigentes nacionales de estas asociaciones de apoyo a los presos de ETA Juan Mari Olano, Julen Zelarain y Aitor Jugo. |
