Bilbao. El programa de atención a jóvenes no acompañados ha atendido en cinco meses (hasta febrero) a un total de 57 chicos de entre 18 y 21 años. Se trata de varones procedentes de los centros de protección de menores en riesgo de exclusión social que, una vez cumplida la mayoría de edad, deben abandonar estas instalaciones y, en algunos casos, no han accedido a programas de educación y emancipación.
Por este motivo, las Juntas Generales aprobaron ayer una Proposición de Norma que insta a la Diputación Foral de Bizkaia a que coordine sus actuaciones con los responsables del programa Hemen y a que apoye, técnica y económicamente, a este servicio social. La red de colectivos sociales integrados en este programa (que percibe 26.000 euros del Gobierno vasco) se convierte, de este modo, en un complemento a las iniciativas integradoras activadas desde la Diputación vizcaina.
Juan Mari Aburto, máximo responsable del departamento foral de Acción Social, precisó que "es por todos conocido cómo Bizkaia es el lugar en el que mejor atención se presta, pero nuestra actuación no puede ser ilimitada" ya que, superada la mayoría de edad, la institución foral deja de ser competente en el tutelaje de estos inmigrantes.
En otro orden de cosas, Aburto avanzó durante su comparecencia que en junio será abierto en Gernika el centro de daño cerebral; y en septiembre, en Orduña, la residencia para personas con discapacidad intelectual y una unidad para "comportamientos especiales".
Gestión en Puntos de Encuentro
A la espera de que el Gobierno vasco concrete el contenido del Decreto regulador de los Puntos de Encuentro Familiares (PEF), el Grupo Mixto en Juntas Generales de Bizkaia presentará en próximas fechas una Proposición de Norma en la que insta al departamento foral de Acción Social a recuperar la gestión directa de este servicio "obligándose a la asunción de medios materiales y personales adecuados para la cada vez más creciente necesidad", reza el texto firmado por Joseba Gezuraga (EA). Asimismo, reclama que la institución foral sea garante efectivo del "cumplimiento del derecho fundamental" de los niños y adolescentes a mantener relación con ambos progenitores después de la separación, impulsando los vínculos para su buen desarrollo emocional "en cumplimiento de la respectiva resolución judicial". Aboga, también, por efectuar una encuesta de satisfacción entre los usuarios con objeto de analizar los servicios prestados ya que durante los dos últimos años se han dado a conocer deficiencias en el funcionamiento del PEF de Uribarri "sin que hasta la fecha", al parecer, se hayan adoptado medidas correctoras. >J.F. |
