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El PSE-EE y EB aprobaron el jueves el servicio del autobús urbano de Barakaldo. Foto: deia |
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Informes contradictorios cuestionan la legalidad del autobús de Barakaldo
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PNV, PP y ANV se unen en las críticas a la gestión del PSE.
Al ser dirigido por una empresa privada se abre ahora un periodo de alegaciones al proyecto.
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Idoia Alonso
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Barakaldo. Si el jueves PNV y PP se abstuvieron en la votación para posibilitar la implantación del autobús urbano de Barakaldo, ayer se sumó a las críticas ANV. Desde la formación abertzale denunciaron tanto la "improvisación" con que se habría gestionado el proyecto como la ruta, ya que afirman que el autobús atravesará Megapark para responder a los intereses de este parque comercial. Del mismo modo, cuestionaron el "carácter privado" del servicio y coincidieron en denunciar las supuestas "irregularidades" con que nace el proyecto.
DEIA ha tenido acceso al informe del secretario y al contrainforme realizado por la jefa del servicio jurídico del Ayuntamiento de Barakaldo. Ambos documentos son contradictorios por lo que la polémica está servida, tal y como se pudo adivinar en el pleno del jueves.
Durante la sesión plenaria, el alcalde, haciendo uso de su potestad, obligó a dar por finalizado un encendido debate entre las bancadas socialistas, las de la oposición y el propio secretario acerca de las supuestas "irregularidades" contenidas en la propuesta del nuevo servicio. El motivo del acalorado intercambio de acusaciones fue un demoledor informe del propio secretario, máximo responsable legal del Ayuntamiento. En él, se advierte de que el expediente "no incluye la redacción del proyecto". Dice además que "no contiene informe jurídico alguno sobre análisis de la normativa, ni el procedimiento que resulta de aplicación, ni el proyecto de implantación", tal y como exige la Ley del País Vasco de Transportes de Viajeros. Dicha ley obliga a articular mecanismos que garanticen la participación ciudadana en el proceso de elaboración o modificación del servicio.
Al final, y no por esta ley, la participación de la gente está garantizada. Y es que el servicio será gestionado por una empresa privada, lo que obliga a la exposición pública del proyecto a fin de que se puedan presentar alegaciones al mismo. Lo curioso de este expediente es que desde el propio Ayuntamiento se desautoriza a su máxima figura judicial. No en vano, el mismo jueves -día del pleno- el número dos del PSE-EE, Jesús María González Suances, arremetió duramente contra el secretario, aludiendo a las conclusiones de un contrainforme. A fecha de 23 de abril, la jefa del servicio jurídico del Ayuntamiento, con el visto bueno de Suances y del asesor de Urbanismo, Pedro Jáuregui, niega ciertas carencias denunciadas por el secretario. Entre ellas que el servicio no tenga un proyecto. Afirma que dicho proyecto existe y que "todos los grupos han tenido acceso a él". Si bien es cierto, no es menos cierto que todos los grupos PNV, PP, ANV y el propio EB, han venido denunciando que dicho estudio no tenía fundamento ya que carecía de la seriedad que un proyecto de más de 10 millones de euros requiere. "Incluso el propio Suances llegó a decir lo mismo en una comisión informativa", explicaron desde ANV. Al margen de la legalidad, la autora del contrainforme sí que recomienda cambiar las formas en las que se ha gestionado el proyecto por parte del PSE. Y dice literalmente que desde el punto de vista del funcionamiento "sería enriquecedor" el trabajo conjunto en la mejora de los expediente, de forma que, a través de las aportaciones de cada uno de los grupos se mejoren los proyectos.
¿irregularidades?
No contiene informe jurídico alguno, ni el procedimiento que resulta de aplicación, ni el plan de implantación
La ley obliga a articular mecanismos que garanticen que los usuarios participan en su elaboración |
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