TAL vez lo que menos importe en el feliz desenlace del secuestro del atunero Playa de Bakio sea el montante del rescate. 766.000 euros -cifra aportada por una agencia de noticias atendiendo a portavoces somalíes- no parece un precio demasiado elevado si se compara con la integridad física de 26 personas. Sobre todo habiendo precedentes de agresiones físicas, e incluso muertes, en otros secuestros en la costa africana. Los responsables gubernamentales implicados en el rescate del atunero marcaron como prioridad desde el principio del secuestro la vía diplomática para evitar daños personales entre los pescadores involuntariamente implicados en el secuestro. Y desde el primer día, el domingo 20, ya se intuía el verdadero fin de la acción armada a cargo de cuatro jóvenes somalíes: "money, money", dijeron con naturalidad. La falta de estructuras de gobierno visibles y de interlocutores válidos en el país africano ha demorado el desenlace del secuestro. Tal vez demasiados días para unas familias que han vivido, como sus seres queridos, en primera persona un secuestro con todas las dosis de peligrosa incertidumbre. Bien está lo que bien acaba, se dice coloquialmente. Sin embargo, ahora se abren para el Gobierno español dos frentes diferentes. Uno, tal vez el más fácil de aclarar, hacer público con detalles el proceso de negociación que se llevó a cabo desde el mismo domingo y aclarar si hubo rescate económico y la cantidad. Otro, potenciar la vertiente diplomática. La semana que hoy comienza será determinante para saber si es verdad que la diplomacia española va a presionar tanto a la Unión Europea como a la ONU para que estos organismos activen todos los mecanismos necesarios para acabar con la piratería en la costa africana. Tanto el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, como la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, han reiterado a lo largo de toda la crisis que liderarán las peticiones para conseguir de la comunidad internacional el necesario consenso para, si no erradicar la acción de los piratas, cuando menos habilitar una fuerza internacional de prevención y seguridad. O modificar la normativa internacional para posibilitar persecuciones en caliente, como ya demandó en su momento el presidente francés, Nicolas Sarkozy. Con el secuestro todavía vivo en la memoria colectiva, el Gobierno de RodríguezZapatero deberá acelerar para que otros países que no están implicados en la pesca de túnidos en la zona entiendan la delicada situación de los pescadores vascos, gallegos, japoneses, franceses o coreanos. El nivel de compromiso con la flota que faena en esos caladeros defendido por miembros del Ejecutivo español se pone desde hoy a prueba. Tiene la oportunidad de demostrar que su defensa pasa de las palabras a los hechos presionando a la comunidad internacional.