logroño. La colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Judiciaria de Portugal ha permitido detener a 28 miembros de una mafia que ha llegado a explotar a unos 3.000 trabajadores portugueses, empleados en labores agrícolas en La Rioja, Nafarroa, Araba y Zaragoza.
El Fiscal Superior de La Rioja, Juan Calparsoro; el Fiscal Jefe de Oporto, Antonio Almeida; el magistrado de España en Eurojust, Juan Antonio García Jabaloy, y el coronel jefe de la X Zona de la Guardia Civil, Francisco Arribas, detallaron ayer en rueda de prensa esta operación, que se inició en 2005.
En esta investigación ha colaborado Eurojust, el organismo europeo creado en 2002 para luchar contra la delincuencia organizada, lo que permitió emitir 31 euroórdenes de detención, de las que quedan tres por cumplir, ya que dos de las personas buscadas se encuentran en Suiza y otra está ingresada en un hospital luso.
Entre los detenidos hay 26 portugueses y dos españoles, que serán juzgados todos en Portugal, ya que Eurojust ha decidido que es la jurisdicción más competente, con independencia del lugar en el que se cometieron los delitos, dijo García Jabaloy.
La Policía Judiciaria arrestó a nueve personas en Portugal, mientras que en el Estado español la Guardia Civil detuvo a los otros 19, de los que seis ya han sido repatriados a su país y los otros trece no aceptaron ser entregados a las autoridades lusas, indicó Calparsoro.
delitos Según Almeida, los detenidos son presuntos autores de los delitos de secuestro, esclavitud, tráfico de personas, asociación criminal y blanqueo de dinero, y además, en los diferentes registros se encontraron tres pistolas, dos en Araba y otra en Zaragoza.
La mafia, que estaba perfectamente estructurada y jerarquizada, estaba formada por un centenar de personas de varios clanes familiares, con un jefe que controlaba la organización piramidal, explicó el coronel jefe de la X Zona de la Guardia Civil.
Los presuntos explotadores captaban a los temporeros en ámbitos marginales de la zona de Oporto y se aprovechaban de que pertenecían a familias desestructuradas, eran analfabetos o adictos a la droga o al alcohol, añadió. Con la promesa de pagarles sueldos bastante elevados, los trasladaban en furgoneta hasta España, donde les alojaban en condiciones "muy precarias" en pisos, casas o barracones, ha dicho Arribas.
Los detenidos abrían cuentas bancarias a nombre de los temporeros, donde los empresarios españoles ingresaban los sueldos, pero eran los supuestos explotadores quienes se quedaban con las cartillas y con los números secretos, por lo que los temporeros no tenían acceso a sus salarios, que ascendían a unos 700 euros. |
