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Todos los partidos políticos critican la última actuación de Garzón, excepto PSOE y PP
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PNV, EA y EB denuncian la arbitrariedad de su decisión y su nula utilidad contra ETA
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La resaca política que siguió ayer a la decisión del juez Baltasar Garzón de encarcelar a la alcaldesa de Arrasate, Ino Galparsoro, acusada de colaborar con ETA y de incumplir la suspensión de actividades de ANV, giró principalmente en torno al supuesto impulso político que estaría detrás del auto del magistrado de la Audiencia Nacional. Todo ello con las denominadas mociones éticas de fondo, y con el recuerdo todavía reciente del fracaso de esta iniciativa en el pleno que se celebró el pasado 24 de abril en Arrasate, localidad donde ETA asesinó el 7 de marzo al militante socialista Isaías Carrasco.
Las posturas contrapuestas entre la miríada de reacciones que se sucedieron ayer podrían personificarse en el consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, y el secretario general del PSE de Bizkaia, José Antonio Pastor. Así, mientras el dirigente de EA se preguntaba "por qué se produce esto ahora" y aseguraba que "me gustaría creer que no estamos ante una especie de delito de derechos de autor, es decir, que en función de quién es, es delito y en función de quién no, no es delito"; el parlamentario socialista opinaba que "la justicia es un poder independiente del Estado, no se puede dejar caer la sensación de que hay una especie de conspiración entre políticos y jueces para hacer determinadas cosas". Añadió que, en su opinión, "la justicia actúa con los ritmos y los tiempos que estima convenientes y la política tiene que transitar por su propio camino".
José Antonio Pastor fue más allá y consideró "bastante perverso" establecer una relación directa entre el fracaso de la moción ética de Arrasate y el encarcelamiento de Galparsoro. Sin embargo, y a pesar de considerar que se trata de "dos planos distintos" y que "en cualquier caso, el éxito de las mociones depende del compromiso democrático de los partidos políticos", el portavoz del PSE en Arrasate, Paco García Raya, sí optó por unir ambas cuestiones.
Así, señaló que, una vez que "la gobernabilidad en Arrasate está en entredicho, ya que ANV se queda con seis de los siete concejales que tenía, quien pone el acento en la gobernabilidad del Ayuntamiento debe hacer una reflexión", en referencia a la determinación de grupos municipales como el de EB-Zutik de no apoyar la moción de censura contra la alcaldesa ante la inexistencia de un plan de gobernabilidad posterior. Dicha moción todavía sería viable si, como apuntó el propio García Raya, quien sustituya a la primer edil es la teniente de alcalde, también de ANV.
"escándalo" Vistas en su conjunto, la totalidad de las formaciones políticas condenaron el encarcelamiento de la alcaldesa de ANV con la sóla excepción del Partido Socialista y el PP, a los que se unió la formación de Rosa Díez, UPD. Desde el propio ámbito municipal de Arrasate, a la condena conjunta de la decisión de Garzón hecha pública el mismo miércoles por los grupos municipales de EA, EB y Aralar se sumó ayer la exigencia de la "inmediata puesta en libertad" de Ino Galparsoro expresada por los concejales del PNV en la localidad.
Los mismos, que impulsaron junto al PSE la moción que tenía como fin desbancar a la alcaldesa de su cargo por no condenar la violencia, señalaron ayer en un comunicado que su envío a prisión obedece a "un mero impulso político desde el propio Ministerio de Interior, en coordinación con dicho juez". Se trata, por ello, de "un eslabón más en la cadena de actuaciones y despropósitos provenientes de la aplicación de la Ley de Partidos".
Igual de beligerante se mostró el coordinador general de EB, Javier Madrazo, quien instó a "cuestionar, a la Justicia especialmente, qué ha sucedido para que quienes hace un año eran legales y habían pasado todos los filtros del estado de derecho, ahora resulta que estén acusados de colaboración con banda armada. Deben explicar qué pruebas tienen al respecto, porque la gente no lo entiende".
A sus palabras se sumaron dirigentes sindicales como el secretario general de LAB, Rafa Díez, que calificó como "un auténtico escándalo político" la última determinación de Garzón, y el secretario general de ELA, Jose Elorrieta, que consideró "antidemocrático que una alcaldesa sea encarcelada por un tribunal especial como es la Audiencia Nacional".
En el extremo contrario se situó el portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, quien consideró el ingreso en la cárcel de Ino Galparsoro como "una buena noticia para la democracia y la constatación de que la justicia está actuando". A su juicio, este hecho "contrasta con la incapacidad de algunas fuerzas democráticas para dar esa respuesta en el propio Mondragón". Por último, la diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPD), Rosa Díez, reclamó al PSOE que cuente con el PP para expulsar a ANV de los consistorios que gobierna. >deia |
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