bilbao. La información del propio Poder Judicial que desvelaba que la Justicia española está colapsada debido a que hay 270.000 sentencias pendientes de ejecutar ha abierto la caja de los truenos, ante la indignación de la mayor parte de los sectores afectados y partidos políticos. No contentos con ello, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se desdijo veinticuatro horas después y aseguró que todas esas sentencias están tramitándose.
Uno de los más indignados por las cifras desveladas por el Poder Judicial fue el consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, que salió al paso del dato de 7.571 sentencias pendientes en el País Vasco y rebajó la cifra hasta 4.700, lo que sitúa a la CAV en "mejor situación que la media del Estado". Sin embargo, señaló que "no hay ninguna sentencia" en los juzgados vascos cuya ejecución "no se haya iniciado que sea causa con preso o sea por causa con violencia contra la mujer".
Ante la petición de un mejor sistema informático hecha por el CGPJ, Azkarraga dio a conocer que este mismo año se va a implantar una aplicación que permitirá agrupar informáticamente las causas de un mismo condenado. Añadió que "no existe ninguna petición sin atender" para reforzar con nuevos funcionarios los juzgados de ejecutorias del País Vasco.
En opinión del consejero, las informaciones del CGPJ están "totalmente distorsionadas" y son "fruto de la poca dedicación" que este órgano judicial "dedica a lo que verdaderamente importa a los ciudadanos, que es un funcionamiento correcto de la Justicia". "Distorsiones que demuestran la poca calidad del control que están realizando". Además aseguró que el CGPJ no ha pedido "ningún tipo de información sobre este tipo" al departamento que dirige Azkarraga. "Tenemos que lamentar el CGPJ esté bastante más preocupado de sus contiendas político-judiciales y de lavarse la cara ante actuaciones de las cuales parte de la responsabilidad es de ellos, en vez de coordinarse con las administraciones que tenemos competencia en esta materia", criticó.
rectificaciones Sin casi tiempo material para digerir los datos ofrecidos el miércoles por el CGPJ, ayer este órgano se desdijo, rectificó sus propias cifras e insinuó que todos los periodistas interpretaron mal sus palabras. Así, en un escrito dirigido a la Comisión Permanente del Poder Judicial, uno de sus vocales, Javier Martínez Lázaro, aseguró que los 400.000 asuntos penales que figuran como pendientes en sus estadísticas -de los que, según su informe, 269.405 corresponden a juzgados especializados en ejecutorias penales- en realidad ya están ejecutándose. "La expresión pendientes de ejecución no quiere decir que la sentencia no se esté ejecutando, sino que la ejecución se encuentra en trámite, lo que implica en la mayoría de los casos que la pena se está cumpliendo", afirma en el escrito Martínez Lázaro
Este vocal añade que "la ejecución permanece abierta en numerosas ocasiones hasta que la pena se cumple totalmente y se ejecuta la responsabilidad civil (penas de prisión mientras éstas se cumplen, multas a plazos, retiradas del permiso de conducir, pago a plazos de responsabilidad civil, vigilancia a las medidas adoptadas en violencia de género, etc.)". En el mismo sentido se pronunció el también vocal Carlos Ríos, que aclaró que las 400.000 sentencias penales pendientes de ejecutar se refieren a asuntos muy diversos -menores, violencia de género, Juzgados de Instrucción- y que "todas" están en trámite.
También el portavoz del CGPJ, Enrique López, dijo que todas esas sentencias se están ejecutando. "Lo que pasa es que algunas están siendo ejecutadas en tiempos normales y otras en tiempos anormales en función de la carga de trabajo del Juzgado".
Martínez Lázaro pide además en su escrito una "investigación exhaustiva" de las causas que han provocado que en algunos Juzgados que han sido reforzados la situación no haya mejorado.
El vocal se refiere, concretamente, a seis Juzgados de Madrid, entre ellos el Juzgado de Ejecuciones número 2, del que es titular el magistrado Eduardo López-Palop, que denunció a los medios la sobrecarga de trabajo que sufre. Martínez Lázaro asegura que, pese a contar con refuerzos, López-Palop no ha cumplido en 2005, 2006 y 2007 el módulo mínimo que se exige a cada Juzgado.
De hecho, Martínez Lázaro afirma que, en toda España, en los dos últimos años los jueces han resuelto muchas más sentencias ejecutorias de las que ingresaron y que han descendido las ejecutorias en trámite.
reformas en justicia Para echar más leña al fuego, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, cifró en más de un millón los asuntos de las jurisdicciones civil, contencioso y social que se encuentran sin ejecutar y destacó la necesidad de que la Justicia sea de una vez por todas "un objetivo del Estado".
Partidos como el PNV subrayaron la necesidad de invocar el pacto de Estado para que la dimensión de la planta judicial sea "el adecuado" ya que, a su juicio, resulta "indignante" que haya tantos casos sin resolver. En concreto, el portavoz de Justicia en el Congreso, el jeltzale Emilio Olabarria, se refirió a la urgencia de afrontar la articulación de oficinas judiciales "eficientes" en las que se establezca un número de ejecución de sentencias mínimo a la semana.
También planteó la necesidad de reformar "de modo urgente" la ley de enjuiciamiento criminal para que el sistema judicial funcione "con más agilidad y eficiencia", no sin urgir al Gobierno a que convierta la Justicia en una "prioridad". |
