Muskiz. Petronor ha pasado la prueba del algodón, pero con condiciones. La refinería de Muskiz ha obtenido la Autorización Ambiental Integrada (AAI) necesaria para continuar con su actividad. Sin embargo, ésta no será definitiva hasta que el Departamento vasco de Medio Ambiente no certifique la correcta aplicación de las condiciones que le ha impuesto. Según fuentes del departamento que dirige Esther Larrañaga, Petronor dispone de un plazo de entre seis y doce meses para llevar a cabo todas las inversiones en tecnología para minimizar su impacto ambiental.
Ni Medio Ambiente, ni la propia compañía han desvelado aún el desembolso al que Petronor deberá hacer frente para ajustarse a los requerimientos ambientales exigidos desde la Unión Europea. Tampoco si esas condiciones son exclusivamente de índole económica. De la controversia acerca de las licencias, ni palabra. No parece que la polémica vaya a tener más recorrido y que finalmente prevalecerá la versión oficial de la compañía de que "todo está en regla".
De hecho, la filial de Repsol YPF declinó ayer hacer cualquier tipo de valoración respecto de la resolución hecha pública ayer en Gasteiz por el viceconsejero de Medio Ambiente, Ibon Galarraga, hasta no estudiar en profundidad los detalles de la resolución. Una resolución de la que los responsables de la empresa ya tuvieron un adelanto hace más de diez días a través de un propuesta de cuarenta folios con las condiciones que debía cumplir para conseguir la AAI.
Igual de prudente se mostró ayer el alcalde de Muskiz, Gonzalo Riancho. El primer edil de EA no entró a juzgar la resolución adoptada "puesto que todavía no nos han remitido el documento". Lo que sí se atrevió a señalar es que el hecho de que la AAI sea subordinada "viene a darnos la razón" ya que, según dijo "quizás algunas de esas condiciones responden a las alegaciones que presentamos como Ayuntamiento".
Lo que sí que quiso dejar claro es que la obtención de la AAI por parte de Petronor no tiene que ver con el proyecto de la planta de coke que la compañía prevé construir en el interior de las instalaciones de Muskiz para sacar rendimiento al fuel que no se refina actualmente. Dijo que seguirán adelante con el estudio de la documentación presentada para la obtención de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de la unidad de URF a fin de presentar las alegaciones oportunas. Cabe recordar, y durante la comparecencia de ayer se hizo, que el proyecto de la planta de coke de Muskiz se encuentra actualmente en tramitación junto con Industrias Zarra (Galdakao).
EIA de la planta de coke En cualquier caso, y a la espera de que tanto Petronor como el Ayuntamiento de Muskiz hagan pública su valoración oficial respecto de la decisión de Medio Ambiente, se puede decir que Petronor ha pasado la primera de las pruebas de fuego que deberá superar a lo largo de este año. Lógicamente, la más inmediata será el proceso que se abre ahora para la obtención de la EIA.
El coke es el producto resultante del tratamiento del 10% del fuel de Petronor que actualmente no tiene salida en el mercado. El coke de petróleo se utiliza como combustible en la industria cementera y en cerámica. Actualmente Repsol YPF tiene otras dos instalaciones de este tipo en Puertollano y A Coruña aunque el modelo que se pretende implantar en Muskiz supera, dicen, sus estándares tecnológicos. Sin embargo la polémica por este proyecto no ha hecho sino empezar ya que sus detractores consideran que la puesta en marcha de esta planta en Muskiz afectará a su calidad de vida y al medio ambiente.
Nueve de cada diez empresas logran la AAI
La refinería de Muskiz es una de las 203 empresas a las que el Gobierno vasco ha concedido la Autorización Ambiental Integrada (AAI). Este permiso ha sido impuesto por una directiva europea y deben tenerlo las empresas potencialmente más contaminantes del continente, 5.000 en el Estado español y 281 en la CAV. Nueve de cada diez solicitudes han sido positivas, un 86%, aunque la mayoría como la de Petronor son subordinadas. Son cerca de 10 las empresas a las que se les ha abierto ya un expediente sancionador que podrían contemplar finalmente sanciones de gravedad, incluso la suspensión de actividad. El viceconsejero vasco de Medio Ambiente, Ibon Galarraga, se mostró ayer "razonablemente satisfecho" al considerar que la CAV "ha hecho los deberes". "Sobre todo -afirmó-, teniendo en cuenta que primero el Gobierno del PP, por trasponer la directiva europea tarde y mal; y luego el del PSOE, por su incapacidad para enmendar la situación; han sumido a las empresas, y también a las administraciones autonómicas, en una auténtica ceremonia de la confusión, en un proceso ya de por sí de enorme complejidad administrativa" >I.A.
