Málaga. Julián Muñoz, y otros cinco ex concejales del GIL entre 1995 y 1999, han llegado a un pacto con la Fiscalía por el que no se celebrarán los juicios urbanísticos en los que están imputados -en el caso de Muñoz alrededor de cien- a cambio de cumplir un año de cárcel por cada uno de los procedimiento, con la limitación legal de que cumplirán a lo sumo el triple de la pena máxima impuesta por cada delito que tenga conexidad, que en este caso serán tres años. También serán inhabilitados durante diez años.
Se trata de los ediles Rafael González, Manuel Calle, Mario Jiménez, Dolores Zurdo y Marisa Alcalá, que están junto a Muñoz imputados por delitos urbanísticos y concesión de licencias irregulares.
Por otra parte, los ex ediles pertenecientes al segundo Gobierno del Gil (de 1999 a 2003) en Marbella, no se han acogido inicialmente a dicho acuerdo, por lo que la negociación ha quedado aplazada al menos hasta el próximo mes, según fuentes de las defensas.
Los ex ediles podrían ingresar en la cárcel en septiembre, una vez que se instrumente el pacto, y para la pena de tres años les computará el tiempo que ya han cumplido en prisión por causas urbanísticas, según ha señalado el abogado Ernesto Osuna, representante jurídico de varios de los imputados.
"Así lo establece la ley, porque se trata del mismo tipo de delito", afirmó el letrado, que apuntó que los imputados han cumplido al menos doce meses de cárcel, por lo que todavía les quedaría una pena de cerca de dos años de prisión.
Explicó que tras acordarse los términos del pacto, los trámites a seguir son elaborar una lista con todas las causas pendientes de los ex concejales y comprobar que se ajustan a los criterios para su aplicación, así como realizar un nuevo escrito de conformidad entre las defensas y la acusación que se presentará antes de que se dicte sentencia.
Destacó que el acuerdo "respeta totalmente la legalidad" y resulta positivo desde todos los puntos de vista. Según Osuna, el pacto "beneficia a todas las partes", tanto a la Administración de Justicia, porque supone un ahorro de costes al no celebrarse los juicios urbanísticos, como a los ex ediles, porque "establece un horizonte cercano en cuanto a la seguridad de la pena que tienen que cumplir y de cuando tienen que cumplirla". Osuna dijo que la Fiscalía mantiene su postura respecto a los ex ediles del GIL que estuvieron al frente del Consistorio marbellí en dicha etapa, mientras que estos inicialmente no están dispuestos a aceptar el pacto si las penas de cárcel no son sustituibles por multa, según fuentes del entorno de los ex concejales.
Segundo permiso En otro orden de cosas, cabe destacarque el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Málaga ha concedido un segundo permiso penitenciario a Muñoz, actualmente encarcelado en la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre. En este caso, como en el anterior, se trata de un permiso de tres días, y será el ex regidor el que podrá proponer a la Dirección los días concretos en los que hará efectiva la salida de prisión. >Agencias
Las claves
· 'Penas leves'. Los concejales que convirtieron Marbella en un 'parque temático de la corrupción urbanística', especialmente entre 1995 y 2003, entrarán en prisión, aunque con penas leves tras el pacto alcanzado.
· Menos de tres años. Ninguno de los aproximadamente 15 ex ediles afectados, entre ellos Muñoz y Marisol Yagüe, pasará más de tres años en la cárcel por estos delitos.
· Tres tipos de condenas. El acuerdo contempla tres tipos de penas -seis, nueve y doce meses de prisión- en función del número de causas por prevaricación pendientes, y no abarca otros delitos, como malversación o cohecho. |
