el sistema fiscal vasco recibió ayer un aún provisional pero importantísimo espaldarazo desde Luxemburgo tras la absurda guerra judicial abierta por varias comunidades autónomas gobernadas por el PP con la inexplicable complicidad, por defecto o por silencio administrativo, pero en cualquier caso irresponsable, del Gobierno central. Tras varios varapalos recibidos por el Concierto económico vasco en las instancias judiciales europeas fundamentados en una escasa comprensión de lo que significa la fiscalidad propia de Euskadi basada en su Estatuto, su peculiaridad y sus derechos históricos, la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Juliana Kokott, hizo público ayer su esperado dictamen, que no es definitivo pero suele apuntar en la dirección en la que se pronunciarán posteriormente los jueces. Sus conclusiones dan plenamente la razón a las instituciones vascas y no dejan resquicio para la duda: los territorios forales tienen capacidad para regular sus propios impuestos y la autonomía fiscal vasca encaja en la normativa comunitaria. El dictamen de Kokott no es sentencia firme, sino que se trata de recomendaciones que ahora debería hacer suyas el Tribunal europeo y éste tampoco dictará un fallo en toda regla, sino que se limitará a responder a una pregunta prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación a los recursos planteados por La Rioja y Castilla y León por el Impuesto de Sociedades y, en este sentido, devolverá la pelota a los jueces vascos. Pero, de confirmarse la tesis defendida por la abogada europea -lo que sería plenamente lógico-, el TSJPV se quedará sin argumentos para contradecir a Luxemburgo después de que la justicia europea hubiera sentado una cómoda base jurídica para la autonomía fiscal vasca. La abogada general recomienda al Tribunal de la UE el desarrollo de la jurisprudencia que inició con la sentencia de las Azores -cimiento judicial de la valoración de Kokott- para despejar las dudas sobre la coexistencia de varios sistemas fiscales dentro de un mismo Estado de la Unión y, en este sentido, va más allá del plano jurídico al defender en su argumentación la esencia misma de la autonomía vasca. Sostiene que Araba, Bizkaia y Gipuzkoa tienen una gran independencia de gestión respecto al Estado español fruto de sus derechos históricos y, en consecuencia, pueden fijar un Impuesto de Sociedades y unas normas tributarias distintas a las que rigen en el Estado español. Una obviedad, visto desde la óptica de Euskadi, pero que está costando hacer entender en otras instancias, fundamentalmente por la escasa convicción con que Madrid defiende esta tesis. El dictamen de Kokott es, así, una gran oportunidad para lograr un compromiso real y serio que blinde de una vez por todas la fiscalidad vasca y, con ello, el autogobierno.