bilbao. No sólo desde la política. Los ataques al proyecto de ley de regulación de la consulta promovido por el Gobierno vasco llegan también desde el frente judicial, principalmente desde la mayoría conservadora, pero también del juez Baltasar Garzón, quien, después de restar transcendencia a la iniciativa, aseguró que lo realmente relevante de la misma es que pueda buscar el apoyo de EHAK, formación que está suspendida por decisión judicial y pendiente de la resolución del Tribunal Supremo a este respecto. Con ello, dejó entrever un nuevo hilo judicial del que tirar, la posible ilegalización, para buscar una repercusión concreta en esa misma línea contra la acción política del Ejecutivo vasco. Un paso más allá fue el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el País Vasco, Juan Pablo González, quien no dudó en marcar al Gobierno una senda que la Constitución le permite transitar: el artículo 155, que permite la suspensión de la autonomía.
"Es una apuesta que hace, un pulso, pero no tiene transcendencia. Lo que sí tiene transcendencia es que vaya a utilizar el apoyo de personas, de un grupo político que está suspendido actualmente, por una decisión judicial y pendiente también de que lo esté por vía del Tribunal Supremo, de modo que, para cuando eso suceda, esa decisión estará ya. Y es bastante arriesgado que como un elemento más se apoye en ese grupo político. No debería hacerlo. Por lo demás, insisto, no va a tener ninguna transcendencia jurídica. Y políticamente, dependerá de su se adelantan o no las elecciones", afirmó Garzón en una entrevista radiofónica. El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional también recalcó que lo que calificó de "desafío al Estado" no tendrá mucho recorrido "porque no es legal, no va a ser legal y el presidente del Gobierno ya ha dicho que presentará el recurso correspondiente ante el Tribunal Constitucional".
El mismo planteamiento de ilegalidad pusieron sobre la mesa ayer dos integrantes de la mayoría conservadora del CGPJ. El portavoz del máximo órgano de gobierno de los jueces, Enrique López, reiteró que la consulta popular "es ilegal y no se puede celebrar", porque supera el marco constitucional. Y lo supera "porque los únicos que tienen potestad legal para convocar una consulta popular son el presidente del Gobierno y el Congreso de los Diputados". En esta relación sobre quién ostenta la potestad de convocar consultas populares, López se refirió a los Estatutos de Catalunya y Andalucía, que recogen la posibilidad de celebrarlas "pero ceñidas a las competencias propias. Y las preguntas que ha presentado el lehendakari superan todas esas competencias. La soberanía nacional no es ninguna competencia que esté transferida a alguna comunidad autónoma, sino que emana de todo el pueblo español, con lo que no cabe una iniciativa como la del Gobierno vasco".
En este punto añadió: "Ibarretxe sabe que lo que plantea no es viable, pero de igual forma lanza este reto al Gobierno de España, que tiene que ser aplacado desde el primer momento e impugnarlo inmediatamente, porque no lleva a ninguna parte. El Gobierno tiene que hacer una labor pedagógica con esta consulta con un mensaje enérgico, para que no se traslade a otras partes de España".
suspender la autonomía Con la misma base, pero con afirmaciones aún más duras, el vocal del CGPJ para el País Vasco, Juan Pablo González censuró el proyecto de ley y la consulta que éste regula. "No hace falta ser un experto en derecho para afirmar que todo el planteamiento constituye un verdadero desvarío, un despropósito, pues la convocatoria de un referéndum o consulta, por mucho que se quiera enmascarar su denominación y contenido, convocado por quien no tiene competencia, constituiría con meridiana claridad un acto manifiestamente ilegal. El lehendakari lleva años andando por el camino de la ilegalidad, de la provocación y el desafío. Y los ciudadanos no se merecen a unos dirigentes que desprecian las leyes y abusan de sus privilegios", aseguró.
González le puso deberes al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero: "El Gobierno de la nación debe solicitar ante los tribunales la declaración de ilegalidad de la iniciativa y, a partir de ahí, impedir la realización de la consulta, sin excluir la posibilidad de exigir responsabilidades penales a los promotores de esta locura y a quienes colaboren con ellos. Desde luego, los jueces, como responsables de la maquinaria electoral, estarán, como siempre, al lado de la ley y no habrá ni mesas, ni censo, ni juntas electorales, porque no puede haberlas". Y le dio otra pista sobre cómo actuar: "El Gobierno tampoco puede desconocer la posibilidad del artículo 155 de la Constitución -que prevé la suspensión de la autonomía-, que le permite adoptar medidas frente a una Comunidad que incumple las obligaciones constitucionales, como es el caso".
el 'hilo' de ehak El vocal del CGPJ para el País Vasco también tiró del hilo que Garzón mencionó en su entrevista, Así, indicó que si se aplicaran a EHAK las subvenciones que se prevén de cara a la consulta en el proyecto de ley "nos encontraríamos con una imputación de desobediencia y no como colaboración a la desobediencia, sino como una desobediencia abierta. Sería el propio Garzón, o la Sala del 61, en ejecución de sentencia, quienes emplazaran a no vulnerar lo establecido en el auto de suspensión, con apercibimiento de responsabilidad por un delito de desobediencia". |
