bilbao. El Gobierno vasco no está solo en la defensa de su legitimidad para convocar una consulta popular no vinculante. Hay sentencias en la jurisprudencia europea, en la internacional y hasta en la del propio Tribunal Constitucional español que avalan el derecho de la ciudadanía a ser consultada y el de las instituciones democráticas a consultar. Así lo explica el jurista, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y diputado del PNV en Madrid Emilio Olabarria, quien señala especialmente dos resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el problema del Kurdistán y Macedonia.
Frente a las voces que hablan de la inconstitucionalidad del proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno del Ejecutivo vasco, incluso el propio ministro español de Justicia ha asegurado que, hasta el momento, no se ha vulnerado la Carta Magna. Y Olabarria suscribe firmemente esta opinión, aunque eliminando de ella el adverbio temporal. No es inconstitucional hasta ahora ni lo será más adelante. Este jurista explica que la posibilidad de consultar a la ciudadanía no necesita ser positivizada por el ordenamiento jurídico; no necesita ser regulada o desarrollada por una norma legal. "Estamos hablando de un derecho humano de los que técnicamente se denominan derecho-deber o derecho de doble flujo. Hablamos del derecho de los ciudadanos a ser consultados y el derecho y la obligación de las instituciones representativas de los ciudadanos a consultar", asegura.
Este planteamiento no surge de la nada. Tiene cimientos sólidos. Los que le confiere la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. "Hay dos sentencias de este tribunal muy relevantes en este sentido: la 146/2001, que es la relativa al Kurdistán, al problema de los kurdos; y la 118/2005, relativa a los macedonios. En ellas se califica la consulta como un derecho humano. Al calificarlo como tal, no necesita ser positivizado, no es un título competencial, es un derecho en sí mismo que se considera incardinado dentro de la función de gobernar. Por tanto, no hace falta decir que es una competencia de las instituciones vascas; es que las instituciones vascas no podrían gobernar si entre sus funciones de gobernación no se incardina este derecho", asegura.
"Estas sentencias, además, en tanto la Declaración Europea de Derechos Humanos está ratificada por el Estado español es tan jurisprudencia o de más entidad incluso que la del Tribunal Constitucional español", indica.
también el constitucional Este último tribunal, además, también plantea prácticamente lo mismo en una de sus sentencias, apunta Olabarria. "Hay hasta una sentencia del TC español, la 235/2007, que viene a decir lo mismo, que el derecho a plantear una consulta es un derecho en sí de la función de gobernar y que no necesita estar en ninguna norma para su ejercicio. Esta sentencia se refiere a una cuestión planteada desde una organización municipal, donde se acudió a un contencioso-admnistrativo y en casación el Tribunal Supremo estableció que no se podía plantear el tema de la consulta. Se recurrió esta decisión al Constitucional y éste avaló la posibilidad de que se proceda a consultar, de que existe el derecho de los ciudadanos, a ser consultados, aunque no haya una norma específica que lo recoja. Consagra que la consulta es un instrumento de la gobernabilidad para conocer la opinión ciudadana".
Otro de los paraguas judiciales bajo el que se cobija el derecho a ser consultados es la resolución de la Corte Suprema de Canadá en torno a la cuestión de Quebec. "La Corte se pronuncia diciendo que aunque la Constitución canadiense no prevé el derecho de autodeterminación ni el derecho a la consulta, evidentemente al tratarse de un derecho humano es incuestionable que los quebequeses tienen derecho a ejercitarlo".
El ex vocal del CGPJ también se refiere a la falta de una regulación concreta de las consultas populares. "No está desarrollado porque se considera que no necesita estarlo. La sentencia del TC dice que no precisa de una norma ad hoc, porque es un instrumento más de las instituciones públicas para democratizar su acción de gobierno. Es más, no creo que sea un acierto que en los Estatutos de Autonomía de Andalucía y Catalunya se le haya dado el carácter de título competencial específico, porque no es un título competencial. No es necesario que el Estatuto reconozca algo que no es más que un mecanismo para ejercer legítima y democráticamente la función de gobernar". Aunque, apostilla, esta facultad también se incluye en el Estatuto de Gernika, en su artículo 9.2.e, de una forma más amplia, a través del fomento de la participación ciudadana en la política. |
