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José Antonio Jainaga, a la salida de las instalaciones de la planta de Sidenor en Basauri. Foto: ZIGOR ALKORTa |
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Garzón eleva la presión sobre los empresarios extorsionados y arresta a un cargo de Sidenor
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El juez de la Audiencia Nacional ordenó el registro de su despacho y domicilio para comprobar si ha pagado a ETA.
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BILBAO. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sigue estrechando el cerco sobre los empresarios que, supuestamente, son extorsionados para ETA para que paguen el denominado impuesto revolucionario. La Guardia Civil detuvo ayer durante varias horas al consejero delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga, y posteriormente lo puso en libertad. El arresto está relacionado con la documentación intervenida a Francisco Javier López Peña, Thierry, detenido en Burdeos el pasado 20 de mayo y al que se le considera como uno de los jefes del aparato político de la organización armada.
Jainaga fue puesto en libertad pasadas las siete de la tarde de ayer, tras permanecer detenido por los agentes policiales desde las ocho y media de la mañana cuando abandonaba su domicilio para ir a trabajar. Al cierre de esta edición se desconoce si el juez le imputa algún cargo, ya que la orden inicial del magistrado era el registro de su despacho y su domicilio, ambas situadas en Bilbao, en el marco de la investigación que estudia la financiación de ETA y sus redes de extorsión a empresarios.
Durante las once horas aproximadas en que se prolongó la detención policial, el industrial permaneció en un limbo procesal, ya que judicialmente no estaba detenido, aunque durante el registro la Guardia Civil decidió "retenerle". Desde la Audiencia Nacional confirmaron que fue a la vista de lo encontrado durante el registro cuando los agentes decidieron proceder a la detención, aunque precisaron que en ningún momento preveían que iba a ser puesto a disposición judicial.
Confusión En cualquier caso, la confusión sobre su situación jurídica y su localización fue absoluta durante toda la jornada. Fuentes del entorno del empresario señalaron que la vivienda familiar del alto cargo de Sidenor no había sido registrada y, además, indicaron que fue por la tarde cuando fue conducido a su despacho profesional.
A todo ello se sumó la información emitida por las agencias de noticias que daban cuenta de un segundo industrial -del que no se precisaba su identidad- arrestado en Oiar-tzun en idénticas circunstancias y al que también se le atribuía el pago del impuesto revolucionario a ETA. Finalmente, fue la propia Audiencia Nacional la que, a través de un comunicado, aclaró el enredo.
Desde Sidenor destacaron la "total honorabilidad y la profesionalidad" de su consejero delegado. A la solidaridad de sus compañeros, también se sumó la del Círculo de Empresarios Vascos. Tras recordar que la presunción de inocencia asiste a todo ciudadano, un portavoz de esta asociación empresarial reclamó que "se aclare todo lo sucedido y que el consejero delegado de la empresa y la propia Sidenor puedan seguir contribuyendo al desarrollo económico y a la creación de empleo en el País Vasco". Asimismo, reiteró su condena "expresa y rotunda a las prácticas mafiosas que realiza ETA".
Entre los partidos políticos, sólo Eusko Alkartasuna expresó su opinión sobre la detención del industrial vizcaino. A través de un comunicado, el partido presidido por Unai Ziarreta recordó que es el Estado el que "debe proteger a los extorsionados, en lugar de detenerles, ya que son víctimas de ETA". En este sentido, insistió en que sólo ETA es culpable de la extorsión.
La formación abertzale arremetió contra la "deriva" del juez Garzón que "actúa contra aquellas personas que están sufriendo la extorsión de ETA y en lugar de protegerlas les detienen e incluso les envían a la cárcel". Tras recordar la reciente detención de las hermanas Bruño, que "habían sido víctimas de la extorsión de ETA durante más de 28 años", criticó que "el juez Garzón vuelve actuar contra una víctima", por lo que instó al Gobierno español a que "acabe con este despropósito y actúe contra los verdaderos culpables, que no son otros que ETA".
La detención de Jainaga se produce pocas semanas después de que el propio Garzón ordenará el ingreso en prisión de las empresarias de Orio María Isabel y Blanca Rosa Bruño Azpiroz. El encarcelamiento de las dos hermanas también estuvo directamente relacionado con la detención de Thierry. Concretamente, el nombre de las dos empresarias apareció en una carta incautada al dirigente de ETA en la que, según el auto del magistrado, la organización armada les agradecía el pago de 6.000 euros.
Garzón tienen abierta una causa sobre el pago del denominado impuesto revolucionario a ETA en la que se encuentran imputados una veintena de personas, entre ellas Joseba Elosua, propietario del bar Faisán de Irun, en el que supuestamente realizaban las entregas del dinero exigido a los extorsionados. En esta causa también está imputado el burukide del PNV Gorka Agirre, acusado de ser un intermediario en el pago de las cantidades exigidas.
Hasta la detención ayer de Jainaga no se conocía que Sidenor figurase entre las empresas que estaban siendo investigadas por Garzón en relación a las tramas de extorsión de ETA. La única gran firma que hasta ahora había sido vigilada por el magistrado era Azkoyen, grupo multinacional que fabrica y comercializa máquinas expendedoras o de venta automática. Varios directivos de la empresa fueron imputados por el pago a ETA de más de 200.000 euros en el año 2001.
Ofensiva de Garzón contra los 'pagadores'
El juez Garzón agudizó en 2004 su particular cruzada contra la financiación de ETA a través del denominado 'impuesto revolucionario' al imputar y condenar a cuatro directivos por el pago a la banda de una suma cercana a los 37 millones de pesetas en 2001. Fue la primera gran empresa investigada por el magistrado de la Audiencia Nacional. Más recientemente, el pasado mes, Garzón arrestó y ordenó el ingreso en prisión de dos empresarias de Orio por el presunto pago a la organización armada de 6.000 euros. El dato que condujo al juez sobre la pista de las dos hermanas guipuzcoanas fue la carta incautada al dirigente del 'aparato político' de ETA Francisco Javier López Peña, 'Thierry', tras su detención y la de otros tres miembros de la banda el pasado mes de mayo en Burdeos. Precisamente, la detención del dirigente etarra también se encuentra tras el arresto ayer del industrial vizcaino José Antonio Jainaga. En el caso de los cuatro cocineros vascos Carlos Arguiñano, Martín Berasategi, Juan Mari Arzak y Pedro Subijanaque en 2004 fueron acusados de ceder al chantaje de ETA fue el juez Fernando Andreu, y no Garzón, el que les encausó. >DEia |
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